Redacción AP

Luego del asalto de las cuatro alcaldías de Murra, Pantasma, San Sebastián de Yalí y El Almendro el régimen procedió a entregar los bienes de las municipalidades a las autoridades impuestas por la dictadura. En Murra, Nueva Segovia las instalaciones fueron recibidas y entregadas por César Olivas y Octavio Álvarez, secretario político de Nueva Segovia en la zona noroeste del departamento.

“Marta” quien accedió a hablar con Agenda Propia en condición de anonimato dijo que “en el mes de junio las presiones hacia las autoridades municipales electas habían aumentado, incluso al alcalde lo amenazaban con procesarlo por corrupción”. La funcionaria municipal además narró que les ordenaron poner la renuncia a todo el personal que laboraba en la parte administrativa de la municipalidad y de no hacerlo “los acusaban por malversación de fondos públicos”.

“Nadie sale del municipio” fue la orden política brindada por Álvarez, secretario político de Nueva Segovia en la zona noroeste que comprende los municipios de Jalapa, El Jícaro, Murra, Quilalí y Wiwilí Nueva Segovia. Posteriormente a la orden, la policía orteguista se desplegó por todo el municipio ubicando retenes en la entrada del casco urbano, así como en la comunidad de El Rosario, la segunda más poblada y en donde trabaja la mitad de los funcionarios de la alcaldía.

Con intimidación, hostigamientos y amenazas de detenciones, Melba Dalila Valladares Colindres es la nueva alcaldesa de Murra, Luis Arturo Averruz López es el vicealcalde y Cándida Rosa Maldonado, funge como secretaria del Concejo Municipal. Todos los cargos producto del golpe de estado orquestado por la dictadura Ortega-Murillo.

Tras el asalto a la Alcaldía Municipal de Santa María de Pantasma, fuentes de ese municipio confirmaron que la vivienda del alcalde electo Óscar Gadea se encuentra vigilada por fuerzas policiales de Daniel Ortega.


Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, juramentó a las autoridades espurias de Pantasma, Carmen Obando, como alcaldesa; como vicealcalde a Melvin Zelaya y Lourdes González Duarte, fue nombrada como secretaria del Concejo Municipal.

La justificación de la dictadura ante esta decisión es que el partido Ciudadanos por La Libertad (CxL), no está legalmente constituido porque no tiene personería jurídica, misma que cancelaron a tan solo meses de las contiendas electoral nacional en 2021.

La ilegalizada Red de Desarrollo Local, que aglutina a un centenar de organizaciones sociales que trabajan el tema de municipalismo dijo en un comunicado que “la pérdida de la personalidad jurídica de un partido no es causal de destitución de los ediles electos bajo su bandera porque sería aplicar el principio de retroactividad de la ley que está prohibido de manera taxativa por la Constitución Política aún vigente del país. Este es el peor de los adefesios con que pretenden hacer comulgar a toda la ciudadanía”.

“Los municipios son las escuelas básicas de la democracia, porque en ellos se construye la ciudadanía en la relación, cara a cara, con los gobernantes más cercanos a sus vidas cotidianas. Por ello este aplastamiento de la autonomía local hace descender un peldaño más en el deterioro de la democracia, en su doble vertiente: como forma de gobierno y como modo de convivencia” manifestaron.

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