Foto: Intermón Oxfam


Redacción AP

 La Asamblea Nacional (AN) de Nicaragua, pese a ser un poder del Estado depende de forma directa de las decisiones de la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, y ha cancelado de 2018 a la fecha, con una narrativa repetida, la personería jurídica de unas 660 organizaciones civiles según el Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”.

Entre las organizaciones a quienes se ha arrebatado su personería están tanto organismos nacionales como internacionales. La estrategia del poder dictatorial es golpear a todos los sectores, y pretende justificar el cierre de espacios a la sociedad civil, a las organizaciones feministas particularmente.

Como se conoce, el pasado 15 de octubre de 2021 fue aprobada por la AN, de mayoría orteguista, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, publicada en La Gaceta, diario oficial, el 19 del mismo mes.

Esta define como “agente extranjero” a personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad “que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua”.

También cataloga como “agentes extranjeros” quienes se dediquen a la publicación o difusión de información oral, visual, gráfica, escrita o pictórica o de cualquier tipo de material, incluida la publicación por medio de anuncios, libros, periódicos, conferencias, transmisiones, películas, tecnologías de la información y la comunicación u otros.

Además, obliga a los “agentes extranjeros” a registrarse ante el Ministerio de Gobernación (MIGOB), y a quienes no lo hagan les aplicarán multas, solicitarán la cancelación de su personería, como ya lo están haciendo, interviniendo en muchos casos sus fondos y activos.

Esta escala contra las organizaciones civiles se apoya en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025, aprobada por Decreto Presidencial (24-2020), la cual tiene por objeto garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio que permita el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); y notifica a diversas instancias públicas elaborar un plan de acción.

Según la dictadura existen riesgos y amenazas cibernéticas derivadas del uso de las TIC, por lo cual dicha estrategia se enmarca en la Política de Seguridad Nacional. La estrategia fue aprobada después que presentara el proyecto de ley para castigar la difusión de noticias falsas.

¿Una Asociación de Caballistas, la Academia de la Lengua, la Asociación Protectora de los Niños Abandonados o la Asociación de Desarrollo de Mujeres Indígenas del Río Coco Abajo, efectúan actividades injerencistas de gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras, o lo que se pretende con la cancelación de personerías es criminalizar la libertad de expresión y el derecho de asociación?