Redacción AP
El Colectivo de Derechos Humanos
Nicaragua Nunca + presentó el informe denominado: “Nicaragua: Entre represión y
resistencia ciudadana”. Situación de derechos humanos de la población
nicaragüense 2021-2022, el documento fue publicado la mañana de este 29 de
junio desde Costa Rica.
En el informe se aborda sobre
cómo el régimen de Daniel Ortega ha consolidado un estado de terror en
Nicaragua y que según el Colectivo este se completó con apoyo de los aparatos
estatales como la policía y demás poderes del Estado.
“Durante 2020 y 2022 el régimen
dictatorial de Daniel Ortega consolidó el estado policíaco de facto mediante el
terrorismo de estado, la configuración de un aparato represivo altamente eficaz
y la sumisión total de todos los poderes del Estado al servicio de Daniel
Ortega y Rosario Murillo. El régimen desmanteló cualquier ápice de Estado de
Derecho, institucionalidad o separación de poderes, instalando un sistema de
represión e impunidad generalizada”, detalla el Colectivo.
El organismo defensor de derechos
humanos destaca que la dictadura de Ortega-Murillo a través de la policía y el
sistema penitenciario han cometido y recrudecido la tortura contra las
personas presas políticas en Nicaragua en la que se incluyen el sometimiento a
agresiones físicas y verbales por parte de custodios y reos comunes, así como
la negación de atención médica, el confinamiento en celdas de castigo,
aislamiento prolongado y restricciones en paquetería y visitas familiares.
“Las personas recluidas en “El
Nuevo Chipote”, también les han negado atención médica, paquetería,
alimentación adecuada, visita de familiares, lo que les ha provocado pérdida
considerable de peso, desmayos constantemente, pérdida de dentadura, llagas y
manchas en el cuerpo debido a las condiciones insalubres de las cárceles y
falta de sol, sometimiento a interrogatorios exhaustivos, privación del sueño,
permanente exposición a luz artificial o total oscuridad, aislamiento forzado,
el cual les genera depresión profunda que les resulta en pérdida de memoria,
afectando de esta manera su salud física y mental” denuncian.
Sobre los juicios políticos y las
condenas que resultaron de éstos, el Colectivo de Derechos Humanos enfatiza que “un
hallazgo de la sistematización realizada por el Colectivo Nicaragua Nunca Más
es que ninguno de los casos procesados pudo tener acceso al expediente fiscal y
policial de investigación, así como una reunión con sus representados/as, y en
algunos casos excepcionales que esta se otorgó, fue vigilada y controlada por
los oficiales”.
Agregan además que “todas estas
personas fueron sometidas a juicios desprovistos de garantías judiciales como
independencia, imparcialidad, derecho a defensa, entre otras, además de encontrarse
sometidas a condiciones de reclusión insalubres e inhumanas, tanto en “El
Chipote” como en los distintos Centros Penitenciarios, lo cual ha generado en
ellas diversos padecimientos, agravando sus enfermedades o generando nuevas
enfermedades”.
En caso de periodistas y
defensores de DDHH, según el Colectivo, se incrementaron las agresiones en su contra, además se destaca el cierre de medios periodísticos y cancelaciones masivas
de organizaciones enfocadas a la libertad de asociación, de expresión, de
prensa, literarias y artísticas, lo que ha tenido como consecuencia mayor
desplazamiento forzado en busca de protección internacional de cientos de
periodistas nicaragüenses.
“El cierre de espacios a la
libertad de expresión es un factor fundamental en la política de impunidad
empleada por el Estado, impidiendo cualquier forma de rendición de cuenta y
denuncia ciudadana, siendo por ende indispensable la visibilización de estas
graves violaciones de derechos humanos por la comunidad y organizaciones internacionales”.
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