Redacción AP

Filiberto Rodríguez, promotor de las cancelaciones de las ONG en Nicaragua justifica la guerra de la dictadura contra la Sociedad Civil como parte de un proceso de “ordenamiento” dirigido a combatir el lavado de activos y a castigar a las organizaciones que se involucraron en las protestas de 2018, que el régimen define como intento de golpe de Estado.

Rodríguez, diputado por el departamento de León, cita un informe del Ministerio de Gobernación en el que argumenta que las oenegés supuestamente han incumplido por no inscribirse “en el registro de agentes extranjeros, siendo estos sujetos obligados, de conformidad a la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros”, aprobada por el Parlamento adepto a la dictadura Ortega-Murillo tras las manifestaciones antigubernamentales de abril 2018. 

Atrás quedaron los tiempos donde las y los diputados arengaban en las discusiones de las propuestas de leyes, derogaciones y aprobaciones de diversos decretos. “Hoy son solo aprietan botones” dice una activista de derechos humanos que quedó en el desempleo tras el cierre de su organización en el norte de Nicaragua.

El impacto del cierre de las 452 oenegés desde el 2018, lo vivirán las comunidades donde estas realizaban su labor. El Centro de Mujeres Acción Ya, albergaba a mujeres víctimas de violencia, brindaba atención y capacitación a mujeres de todas las edades.

Esta organización denunció que “la cancelación de la personería jurídica es ilegal desde su fundamentación. Año con año se ha rendido la información correspondiente ante el Ministerio de Gobernación, como consta en los certificados emitidos por el departamento de control de las ASFL” manifestaron en un comunicado. Esta posición es respaldada por otras organizaciones ilegalizadas por el régimen de Ortega- Murillo y plantan cara a la postura del diputado Rodríguez. 

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Entre las 96 organizaciones ilegalizadas este jueves se encuentran la Fundación Centro de Estudios Internacionales (CEI) -que dirigió Zoilamérica Ortega Murillo-; el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), considerado brazo social del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); y la Federación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua (Conapro), también del Cosep.

Otras organizaciones disueltas por el Parlamento fueron la Asociación Sociedad Nicaragüense de Pediatría, la Asociación Internet de Nicaragua, la Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca de Jinotega, la Fundación Esquipulas, Centro de Mujeres Isnin, Red de Mujeres de Condega, Asociación Amistad, Xilonem, Mujeres Constructoras de Condega y Fundación María Callieri.

Las organizaciones arriba señaladas muestran "la política de género" del régimen Ortega-Murillo.