Redacción AP
Filiberto Rodríguez, promotor de
las cancelaciones de las ONG en Nicaragua justifica la guerra de la dictadura contra la Sociedad Civil como parte de un proceso de “ordenamiento”
dirigido a combatir el lavado de activos y a castigar a las organizaciones que
se involucraron en las protestas de 2018, que el régimen define como intento
de golpe de Estado.
Rodríguez, diputado por el
departamento de León, cita un informe del Ministerio de Gobernación en el que
argumenta que las oenegés supuestamente han incumplido por no inscribirse “en
el registro de agentes extranjeros, siendo estos sujetos obligados, de
conformidad a la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros”, aprobada por el Parlamento adepto a la dictadura Ortega-Murillo tras las manifestaciones antigubernamentales de
abril 2018.
Atrás quedaron los tiempos donde
las y los diputados arengaban en las discusiones de las propuestas de leyes,
derogaciones y aprobaciones de diversos decretos. “Hoy son solo aprietan botones”
dice una activista de derechos humanos que quedó en el desempleo tras
el cierre de su organización en el norte de Nicaragua.
El impacto del cierre de las 452
oenegés desde el 2018, lo vivirán las comunidades donde estas realizaban
su labor. El Centro de Mujeres Acción Ya, albergaba a mujeres víctimas de violencia, brindaba atención y capacitación a
mujeres de todas las edades.
Esta organización denunció que “la cancelación de la personería jurídica es ilegal desde su
fundamentación. Año con año se ha rendido la información correspondiente ante
el Ministerio de Gobernación, como consta en los certificados emitidos por el
departamento de control de las ASFL” manifestaron en un comunicado. Esta posición es respaldada
por otras organizaciones ilegalizadas por el régimen
de Ortega- Murillo y plantan cara a la postura del diputado Rodríguez.
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Entre las 96 organizaciones
ilegalizadas este jueves se encuentran la Fundación Centro de Estudios
Internacionales (CEI) -que dirigió Zoilamérica Ortega Murillo-; el Instituto
Nicaragüense de Desarrollo (INDE), considerado brazo social del
Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); y la Federación de Asociaciones
Profesionales de Nicaragua (Conapro), también del Cosep.
Otras organizaciones disueltas por el Parlamento fueron la Asociación Sociedad Nicaragüense de Pediatría, la Asociación Internet de Nicaragua, la Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca de Jinotega, la Fundación Esquipulas, Centro de Mujeres Isnin, Red de Mujeres de Condega, Asociación Amistad, Xilonem, Mujeres Constructoras de Condega y Fundación María Callieri.
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