Redacción AP

Un exdirectivo de la empresa hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) fue condenado a más de 22 años de prisión por ser el autor intelectual del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016.

Berta fue líder de las protestas contra el proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca antes de ser asesinada a tiros en su casa. El Tribunal de Sentencia de Honduras declaró que Roberto David Castillo, cuya empresa había recibido el contrato de construcción, había planeado el asesinato y contratado a los pistoleros.

Castillo, otrora presidente ejecutivo de DESA, también había sido oficial de inteligencia del ejército. El tribunal encontró que había utilizado sus contactos militares y pagado a informantes para coordinar y planear el asesinato de la activista, quien fuera galardonada con el Premio Goldman en 2015, por su rol en frenar la construcción de la presa.

Berta Cáceres enfrentó años de amenazas por su oposición al proyecto de la presa, a cargo de la compañía que presidía Castillo.

La ambientalista, que en 1993 fue una de las cofundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se opuso activamente a los planes de DESA para construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque, debido a los daños que la obra podía ocasionar al ambiente.

La presa hubiera inundado extensas áreas de tierra y cortado el suministro de agua, alimentos y medicina para cientos de integrantes de la etnia lenca en el occidente de Honduras, que consideran el río Gualcarque, sagrado y vital para su supervivencia.

Además de presentar denuncias oficiales, Cáceres organizó bloqueos de carreteras que impidieron el paso de trabajadores al sitio de construcción.

La empresa estatal china Sinohydro, que conjuntamente desarrollaba el proyecto con DESA, finalmente se retiró debido a la resistencia de la comunidad.

Castillo es la octava persona condenada por la muerte de Berta Cáceres, ocurrida en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.

En 2018, otras siete personas, incluyendo un segundo ejecutivo de DESA, Douglas Bustillo- recibieron sentencias de entre 30 y 50 años por su participación en el asesinato de Cáceres.



El COPINH elogió la condena contra Castillo e instó a realizar más investigaciones de personas asociadas con DESA.

Sin embargo, la hija de Cáceres, Olivia Zúñiga Cáceres, escribió en Twitter que era "indignante" que a Castillo "no se le ha aplicado la pena máxima".

Una de los abogadas de Castillo dijo a la agencia noticiosa Reuters que planeaban apelar la sentencia.