Redacción AP
La comunidad indígena del Ecuador
comenzó una jornada de protestas para exigir al gobierno de Guillermo
Lasso reformas sociales y económicas, en una economía golpeada
por la inflación y el desempleo.
Las manifestaciones se
concentraron en la región norteña de Pichincha, que incluye a la capital, Quito,
y los vecinos Cotopaxi e Imbabura. Pero en la mayoría de las 24
provincias ecuatorianas ha habido algún tipo de movilización.
La Articulación de Movimientos
Sociales (AMS) de Nicaragua, que aglutina a unas 60 organizaciones civiles,
mostró su respaldo a las protestas en el país suramericano. “Nuestra
solidaridad con las justas demandas del pueblo ecuatoriano, nos unimos al
llamado nacional e internacional para demandar el fin de la represión y del
Estado de excepción, junto a la restauración del derecho a la libre
movilización”, indicó en un pronunciamiento.
Este domingo se cumplió la
séptima jornada del paro nacional convocado por la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y apoyada por varios colectivos
sociales.
“En Nicaragua hacemos nuestras
sus demandas, porque diariamente nos toca resistir los abusos de una dictadura
capitalista y neoliberal, que arrasa con los derechos humamos y de la
naturaleza, abusos que se extienden en el continente latinoamericano”, resaltó.
La AMS expresó su solidaridad con las protestas en Ecuador luego de que la
policía ecuatoriana, encabezada por la Fiscalía, allanó la sede de la Casa de
la Cultura Ecuatoriana (CCE), tras recibir una denuncia anónima relacionada con
la movilización indígena contra la gestión económica del Gobierno.
Como respuesta, Lasso decretó el
recién pasado viernes en la noche el estado de excepción por 30 días en
las tres regiones más afectadas.
"Estoy comprometido con la
defensa de nuestra capital y nuestro país", dijo el mandatario en
televisión. Al mismo tiempo, informó que concederá varias exigencias de los grupos
indígenas, que estos rápidamente calificaron de "insuficientes".
Con el decreto, el Estado
restringe el libre tránsito y permite que las autoridades implementen el uso
"progresivo de la fuerza" para "neutralizar las acciones
violentas".
Los grupos indígenas desafiaron
el estado de excepción y este sábado anunciaron que las protestas eran de
carácter "indefinido", mientras se organizaban para dirigirse a la
capital ecuatoriana.
¿Quiénes protestan?
Las protestas de esta semana
fueron convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador
(Conaie), grupo creado en 1986, que aglutina a las poblaciones originarias
del país sudamericano.
El líder del movimiento, Leónidas
Iza, fue uno de los protagonistas de las manifestaciones, pero el martes fue
detenido por las autoridades por presuntamente paralizar el transporte público,
al bloquear una vía y exhortar a que se radicalizaran las protestas.
Iza, de 40 años, comenzó a
dirigir la Conaie en 2021, pero se forjó como líder durante las protestas de
2019, cuando organizaba grupos campesinos para que se manifestaran contra el alza del combustible luego de varias medidas impuestas por el gobierno del
entonces presidente Lenín Moreno.
Este sábado pidió a Lasso que
escuche los reclamos de quienes protestan y le sugirió "tener cinco
sentidos para entender la realidad de la mayoría del pueblo ecuatoriano".
"Estamos viviendo absolutamente en la crisis y (...) no soportamos
más", dijo.
¿Cuáles son los reclamos?
Uno de los principales reclamos
de las personas manifestantes es el control de precios del combustible.
El costo de estos productos ha
aumentado considerablemente desde 2020.
El precio del diesel casi se
duplicó, de US$1 a US$1,90 por galón (3,8 litros), y la gasolina aumentó de
US$1,75 a US$2,55, según estimaciones de la agencia AFP.
En las protestas también se pide
la protección de los territorios indígenas, así como el aumento del gasto
público en áreas medulares del gobierno.
La Conaie detalló sus exigencias
en diez puntos con una infografía publicada en su cuenta de Twitter el 9 de
junio:
- Reducir los precios del combustible;
- Fijar una moratoria de un año en el sistema
financiero para que las familias paguen sus deudas;
- Garantizar el empleo y los derechos laborales;
- Que haya precios justos en los productos del campo;
- No explotar la minería en los territorios
indígenas;
- Respetar los derechos colectivos;
- No privatizar los servicios estratégicos;
- Desarrollar políticas para controlar la
especulación en los precios;
- Otorgar mayor presupuesto para salud y educación;
- Adoptar medidas para mejorar la seguridad.
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