Redacción AP

La iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, presentó el registro de agresiones en contra de Defensoras de Derechos Humanos en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua; 401 agresiones contra 104 defensoras se registraron durante abril de 2022.

Pese a que el gobierno de Xiomara Castro Sarmiento, en Honduras, a dicho abiertamente que respetará la labor de las personas defensoras de derechos humanos, la IM-Defensoras alertó que defensoras de la comunidad campesina Guadalupe Carney, ubicada en Trujillo, Colón, en horas de la noche del pasado 29 de abril, fueron rodeadas por un fuerte contingente de policías, militares y cobras, como parte de hostigamientos que se recrudecieron a partir del asesinato de tres policías en la aldea Agua María.

Las organizaciones de mujeres en Honduras han tenido una lucha permanente frente al capital y las fuerzas represoras del Estado que las han criminalizado, judicializado y asesinado, por defender su derecho a la tierra. El asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, que sigue en la impunidad, es un ejemplo claro de la violencia política que se vive en ese país.

La Organización Fraternal Negra y Caribeña de Honduras, OFRENAEH ha sido objeto de múltiples actos de agresión tanto a su lucha colectiva como a sus integrantes; Melissa Martínez, defensora, denunció ser victima de acoso y hostigamiento por la Policía Nacional de Honduras.

También, desde el 10 de abril de 2022, la IM-Defensoras ha registrado 156 agresiones contra defensoras de derechos humanos en Nicaragua; 147 corresponden a agresiones personales y las nueves restantes contra organizaciones que defienden derechos de las mujeres o están integradas por defensoras.

 “Esta escalada de las agresiones se produce en el marco del 4to aniversario del estallido social del 18 de abril de 2018 con el objetivo, por parte del gobierno de Daniel Ortega, de imponer su política de terror, control social y estado policial para evitar cualquier expresión de protesta o conmemoración” relata el informe.



A la vez, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras mostraron su preocupación por el caso de Irene Yashika Martínez Cervantes quien, según el informe, fue detenida arbitrariamente por policías de tránsito de Chimalhuacán, estado de México, “bajo el argumento de que la motocicleta en la que se trasladaba era robada, sin embargo, y a pesar de comprobar que le pertenecía, fue detenida por una supuesta infracción”.

Las defensoras hicieron un llamado al gobierno de México a poner un alto a las agresiones contra las defensoras, “detener la criminalización de las mujeres defensoras y activistas y el uso desproporcionado de la fuerza en su contra. Igualmente urgimos que las autoridades investiguen los hechos, identifiquen y delimiten las responsabilidades correspondientes, y que repare los daños derivados” expresaron.

Policías y autoridades públicas en todos los niveles son quienes encabezan el registro de agresiones contra las defensoras de derechos humanos.