Redacción AP

La dictadura Ortega-Murillo mandó este 3 de mayo a la Asamblea Nacional, donde tiene mayoría abrumadora, una iniciativa para reformar la Ley Electoral, a menos de seis meses para que se lleven a cabo las votaciones municipales previstas para noviembre próximo.

La iniciativa fue presentada por 75 diputados orteguistas. En el texto señalan que la última reforma «sustancial a la Ley Electoral», se hizo hace un año, es decir el 5 de mayo del 2021, a pesar del llamado de la comunidand internacional y la oposición nicaragüense quienes proponían un marco legal que garantizará unos comicios libres, justos, transparentes y observados.

Argumentan que la reforma la proponen con base en la experiencia que les dejó el proceso electoral del 2021.Pretenden reformar los artículos 16, 21, 22, 70, 74, 85, 105, 148 y 158 de la actual Ley Electoral.

Con las reformas pretenden «agilizar» la conformación de los Consejos Electorales Departamentales y Regionales, así como la administración y funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos durante el proceso electoral.

La junta directiva del Parlamento anunció la conformación de una comisión especial que dictamine dicha reforma, presidida por la diputada orteguista María Auxiliadora Martínez Corrales, y la integrarán Edwin Castro, Irma Dávila, Jenny Martínez, Wálmaro Gutiérrez, Lesther Flores Mayorga y Mario Ascencio Flórez.

Para el independiente Observatorio Urnas Abiertas “ninguna de las nueve reformas propuestas sugieren reformas de fondo que planteen mejorar la transparencia, o la integridad  del sistema electoral, como la despartidización de las instancias intermedias de administración electoral, tampoco son reformas que permitan la observación electoral independiente”.

Agregan que “Nicaragua necesita un proceso electoral creíble, íntegro y legítimo. Las condiciones para tener dicho proceso pasan por recuperar las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de las personas presas políticas, el cese a la represión, levantamiento del estado policial, reformas electorales profundas, observación electoral nacional e internacional, incluyendo la de organizaciones de derechos humanos durante el proceso electoral”.

La reforma al Artículo 16 plantea una reducción de 15 a 5 días para la presentación de ternas a los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales, a criterio de Urnas Abiertas esto “evita la fiscalización ciudadana por la rapidez con la que pretenden reducir este paso. La reforma indica que si los partidos no presentan la terna en el tiempo previsto el Consejo Supremo Electoral (CSE) podrá nombrarlos de oficio”.

“Esta reducción de tiempo limita a los partidos políticos autonombrados opositores y beneficia al oficialismo que controla al CSE, ya que impide cada vez más la posibilidad de que quienes integren los Consejos o las mesas electorales sean neutrales o independientes y, más bien aumenta el control partidario sobre todo el proceso electoral” cuestiona Urna Abiertas.

El Observatorio independiente alertó a la sociedad nicaragüense que les “preocupa la manipulación excluyente que le puedan dar al Padrón Electoral, tal como lo hicieron el año pasado, una estimación técnica sugiere que desaparecieron más de un millón de votantes, cifra que a la fecha el CSE no ha sido capaz de explicar. Por lo tanto, los cambios de JRV no deberían de generar mayores confusiones ni exclusión de votantes” y expresaron que “una reforma unilateral no resolverá la grave crisis política, institucional y de Derechos Humanos por la que atraviesa Nicaragua”.