Redacción AP

Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, (ERIC-SJ), denunciaron mediante comunicado el accionar del Ministerio Público de ese país, al criminalizar la labor profesional de Sonia Pérez López, periodista de esta emisora comunitaria.

Sonia Pérez es corresponsal de Radio Progreso desde el año 2018 y su labor está destinada a informar lo que acontece en el municipio de San José, departamento de La Paz; y quien en su tarea informativa, ha dado cobertura al conflicto en la comunidad indígena lenca Nueva Palestina, a quienes el Ministerio Público hondureño acusa de los delitos de usurpación, alteración de términos linderos y daños a la propiedad, pese a que la comunidad cuenta con título de propiedad comunitario extendido por el Instituto Nacional Agrario en 1999, que prueba la legitimidad de la posesión indígenas de las tierras.  

“El día 18 de mayo del presente año, decenas de familias indígenas de la comunidad lenca Nueva Palestina fueron violentamente desalojadas de su territorio por las fuerzas de seguridad del Estado en el marco de una orden judicial de desalojo promovida por el Ministerio Público. Nuestra compañera Sonia Pérez cumplió con su papel de informar sobre este acontecimiento, como lo ha venido realizando desde años atrás en este y otros conflictos, y, por ello, fue acusada criminalmente por los mismos delitos imputados a la comunidad” denunció Radio Progreso.

La denuncia de la emisora se enmarca en un contexto de acoso judicial contra personas defensoras de derechos humanos, del ambiente, tierra y territorios, así como de personas trabajadoras de medios de comunicación que cubren estos temas, convirtiendo a Honduras en el país con más acciones judiciales abusivas contra la participación política en el mundo, de acuerdo con el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, SLAPPs por sus siglas en inglés.

“Recordamos al Estado hondureño que, a la luz de su obligación de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión, y de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas N° 19/35 del 23 de marzo de 2012 y N° 22/10 del 21 de marzo de 2013, debe reconocer que las personas periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la documentación de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el contexto de conflictos sociales y abstenerse de criminalizarlas” manifestó el equipo de Radio Progreso.