Durante una larga jornada de audiencia, el juez Miguel Ángel Gálvez dio a conocer, mediante testimonios y documentos presentados por el MP, pruebas para demostrar la culpabilidad de 9 ex militares y ex policías en el caso del Diario Militar, cómo funcionaba la estructura de inteligencia militar en la que se involucra al ex jefe de seguridad de Cementos Progreso como torturador.

Por Juan Calles| Prensa Comunitaria

Durante una larga jornada, en el segundo día de audiencia para dictar sentencia, el juez Miguel Ángel Gálvez, al explicar y leer los documentos legales en los que basará su decisión, evidenció una estructura militar y policial que usó al Estado guatemalteco para capturar, torturar y desaparecer a ciudadanos guatemaltecos que eran considerados subversivos.

Se espera que este viernes 6 de mayo el juez de a conocer la sentencia contra 9 militares y policías, que durante los años 1983-1985 capturaron, torturaron y ejecutaron a cientos de personas, 183 de ellos aparecen en el Diario Militar, documento de control en el que se lista a personas señaladas de ser enemigos del gobierno, a quienes esa estructura capturaba y asesinaba después de obtener información bajo tortura. El Diario Militar fue público en 1999 por una fuente anónima que hizo llegar el documento a una organización norteamericana, la que a su vez la hizo pública. Hoy 25 años después se juzga a los militares y policías que cometieron actos atroces contra cientos de guatemaltecos y sus familias.

Esta estructura dirigida por la D2 (inteligencia del Ejército) y el Estado Mayor Presidencial (cuerpo de seguridad presidencial) militarizó a la Policía Nacional, PN, poniéndola al servicio del ejército para brindar seguridad, pero también para realizar tareas de vigilancia, control, persecución y tortura.

“Me voy a extender un poco explicando esto, pero es muy importante para que se entienda bien por qué tomé mis decisiones”, afirmó el juez en diferentes ocasiones, mientras explicaba cómo se conformaron las jefaturas y quién las dirigía; después de armar un organigrama con sus palabras aseguraba: “aquí hay línea de mando, es evidente, eso es lo que quiero que quede claro”, confirmaba el juez.


Jefe de seguridad de Cementos Progreso un “Sanguinario torturador”

 

Archivo Policía Nacional Civil Guatemala


Uno de los documentos que leyó el juez Gálvez fue una declaración jurada de un testigo anónimo, que trabajó como piloto para el Ejército de Guatemala, fue chofer de los generales de la temible G2. Ese testigo mencionó a Toribio Acevedo Ramírez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y que trabajó como jefe de seguridad de Cementos Progreso.

Dicha empresa cementera que impuso una fábrica de cemento en San Juan Sacatepéquez con violencia y tácticas de guerra, en un caso que investigó el Ministerio Publico, MP, pero que no se conocieron resultados, en otras palabras, las denuncias de las comunidades de la localidad continúan en impunidad.

“Uno de los jefes de grupo era Toribio Acevedo Ramírez, alias el loco o Lucas, quien era blanco, alto, de un metro ochenta y cinco centímetros aproximadamente y tenía una cicatriz visible que pasaba a un lado del ojo derecho hacia el pómulo, era torturador y sanguinario”, menciona el testigo en el documento del MP.

“No sé cómo va esa investigación del MP pero sería una buena idea investigar esto”, dijo el juez Gálvez después de leer la declaración en la que se vincula al jefe de seguridad de la cementera.

Acevedo Ramírez ya fue acusado de asesinato en 1976, sin embargo, fue liberado de los cargos después de graduarse de abogado de la universidad Mariano Gálvez, tal como consta en el documento policial, encontrado en el archivo histórico de la Policía y presentado por el CMI en una publicación en su página web.

En esa misma declaración el testigo, quien ocultó su identidad para resguardar su vida, aseguró que en esos años el jefe de los grupos de torturadores y asesinos era Byron Disrael Lima Estrada, quien al no tener vehículos disponibles enviaba a sus subalternos a robar autos particulares, después estudiantes de la Escuela Politécnica dibujaban placas y calcomanías de circulación para los carros robados.

Byron Disrael Lima Estrada y su hijo Byron Lima Oliva, también militar, fueron acusados del asesinato en abril de 1998, de monseñor Juan Gerardi, director del Proyecto lnterdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica Guatemala, Remhi, ambos militares involucrados en actos criminales de diverso tipo. Lima Oliva fue señalado de financiar la fundación contra el Terrorismo, conocido como fundaterror, dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, Lima Oliva fue asesinado en prisión.

Entre otros, el juez dio lectura a declaraciones de testigos y sobrevivientes en los que coincidían fechas, nombres y lugares. Todos los datos apuntaban a quienes hoy, viejos y enfermos, enfrentan la justicia, generales, coroneles y policías. Gálvez fue minucioso en la lectura de testimonios y los comparaba unos con otros, en uno de los testimonios se afirmaba que un oficial del Ejército violó a una niña de 9 años hija de uno de los detenidos, mientras que la interrogaba la desnudó y la violó.

“¿Será qué esto lo puede hacer un particular?”, se preguntó el juez visiblemente molesto, “¿O será que se necesita una estructura gigantesca para garantizar la impunidad y todo lo que necesitaron para hacer todo esto?” Después de comentar el caso de la niña violada se refirió a otro caso, en el que al hijo de una dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, María del Rosario Cuevas, de apenas 3 años de edad le arrancaron las uñas de las manos, “hasta para ser un bandido se debe tener ética”, dijo el juez, provocando una visible reacción de molestia en el abogado Danilo Estrada Sandoval, defensor de uno de los militares.

Luego de 4 horas ininterrumpidas el juez Miguel Ángel Gálvez dio por finalizada la audiencia este día; aseguró que este viernes 6 iniciará la audiencia en punto de las 9 de la mañana, para finalizar al medio día con el anuncio de su sentencia.