Redacción AP

“El régimen Ortega-Murillo ha establecido un cuerpo jurídico que cercena la labor de las organizaciones civiles en el país” manifestó Amaru Ruiz a propósito de la presentación del estudio La brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua, el cual documenta las violaciones a este derecho por el régimen Ortega-Murillo desde el año 2017.

“Hay cuatro leyes que están minimizando el ambiente habilitante para las organizaciones: La Ley de Seguridad Soberana, Ley de Ciberdelitos, la nueva Ley de Personerías Jurídicas, Ley de lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo. Un cuerpo jurídico que va en detrimento de vocerías, de defensorías, todas las acciones que venía realizando la sociedad civil” aseguró Ruiz, presidente de la Fundación del Río y coordinador de Red Local.

Añadió que hay un ambiente de criminalización paralelo al cuerpo jurídico. La criminalización, a su juicio, no se da solamente con las cancelaciones, se da con las persecuciones, las presiones, la cancelación de cuentas bancarias personales de directivos de las organizaciones y en algunos casos imponiendo multas impagables a organizaciones o medios de comunicación. Hay una presión, una criminalización a las personas, las instituciones que trabajan en temas que el régimen considera sensibles, incluso a personas en organizaciones humanitarias, refirió.

“La criminalización ha llegado hasta las personas presas políticas, quienes en mayoría provienen de movimientos sociales o de organizaciones de la sociedad civil. Hay un  impacto directo hacia personas que estaban involucradas en movimientos u organizaciones civiles, muy pocas de partidos políticos, prácticamente sólo Unámonos viene de una estructura partidaria” manifestó Amaru Ruiz.

También consideró la necesidad de hablar de un peligro latente, como es la pérdida de la cooperación al desarrollo. El régimen Ortega-Murillo quiere que todos los fondos sean través del gobierno. “Es un análisis que hacemos desde 2007, cuando estaba de canciller Valdrack Jaenske, uno de los que ha tratado de orientar dónde debe ir la cooperación y hacia quiénes. Y como saben, la cooperación al desarrollo también es un derecho de los países menos desarrollados. Eso es lo que está en juego en Nicaragua”.

Muchas de las organizaciones internacionales que han beneficiado a amplios grupos de población en Nicaragua prácticamente han tenido que salir del país y otras no han podido continuar, señaló el ambientalista y defensor de derechos humanos. La cooperación al desarrollo y la cooperación bilateral no tienen quien continúe los procesos de ejecución, y eso trae consecuencias alrededor de la cooperación al desarrollo y de lo que pueda suceder en Nicaragua, añadió.

Además, según Amaru Ruiz, el régimen Ortega-Murillo tiene la intención de minar la confianza y el tejido social de las organizaciones de sociedad civil. “Nosotros teníamos 33 años de trabajar en el sureste del país, Popol Na igual, y la mayoría de organizaciones tiene más de 20, 25 años de trabajar en Nicaragua. Somos nicaragüenses que hemos asumido al reto de apostar por nuestro desarrollo” expresó.

El valor de las organizaciones civiles son sus redes territoriales y la confianza en las poblaciones más vulnerables, son a quienes las ONG acompañan en sus denuncias y defensa de todas las libertades.

Según Ruiz, han acuerpado la lucha cívica de abril de 2018 y otras antes de esa fecha, como la lucha anti-canal; y rememoró la historia organizativa de la nación, puso como muestra la experiencia del huracán Mitch, donde se evidenció la capacidad de ejecución y la transparencia en la atención de desastres, uno de los precedentes más importantes de la sociedad civil en el país.

“Hay una apuesta del régimen de desmantelar toda la red territorial y la confianza que tienen las organizaciones de sociedad civil en los territorios porque realmente ahí ha estado la oposición. En Nicaragua la oposición partidaria nunca ha sido una oposición real. Donde ha estado la oposición seria ha sido en la sociedad civil y los movimientos sociales, con acciones, propuestas, en las calles. Es donde ha estado la resistencia civil.”



Derecho que no se defiende, derecho que se pierde

Con los resultados que arroja la investigación La brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua Popol Na y Fundación del Río se proponen, en alianza con otras organizaciones, continuar en la comprensión de la libertad de asociación y el impacto de la maniobra dictatorial, ya que la agresión a las organizaciones no se trata únicamente del cierre de instalaciones.

Se plantean profundizar información de las personas forzadas al desempleo por los cierres, de las organizaciones confiscadas de facto, la estimación económica de los daños materiales, la población afectada por la suspensión de proyectos y programas, así como la población estudiantil universitaria perjudicada.

Asimismo, definir impactos diferenciados por género, ambientalismo, desarrollo local; rastrear las organizaciones que les han negado constancias de cumplimiento, y las cerradas por amenazas y represión. También se precisa delimitar una ruta hacia el GAFILAT, así como continuar una campaña en redes sociales y en medios de comunicación. Además del apoyo a organizaciones ilegalizadas.

Amaru Ruiz también informó que cuatro organizaciones con personerías canceladas, Fundación del Río, Fundación Popol Na, el Instituto de Liderazgo de Las Segovia y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, han agotado las vías nacionales y presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, “para el abordaje del caso de la libertad de asociación con la idea de generar precedente y evidenciar las arbitrariedades del régimen”.

Para los actores civiles es importante que haya jurisprudencia internacional “porque en algún momento tenemos que hablar de reparación, de justicia, de memoria, y aunque llegue tarde, pero que llegue, es lo importante” explicó Amaru Ruiz. Es otra forma de seguir evidenciando el deterioro de la situación.

La situación se ha agudizado en Nicaragua

Jimmy Gómez, antropólogo social, de la AMS, se refirió a la dramática situación que vive Nicaragua, agudizada por las acciones del régimen. “Hoy mismo se está dando la cancelación de otras 25 organizaciones de la sociedad civil, después que ayer conocimos otra noticia similar, que se vienen a sumar a todas las violaciones de derechos humanos que hay en Nicaragua”.

Gómez definió a la AMS como un espacio donde confluyen organizaciones y personas con diversas identidades, procedentes de movimientos sociales y sociedad civil, especialmente vinculadas con la condición de ciudadanía, el acompañamiento a pueblos indígenas y al campesinado. También participan antiguas organizaciones ciudadanas “que por desgracia son parte de esa gran lista de organizaciones que fueron cerradas desde 2018” señaló.

La AMS y la Coordinadora Estatal en Europa, donde participan diversas organizaciones que defienden derechos humanos y continúan denunciado violaciones como las que impulsa el régimen Ortega-Murillo contra el derecho de asociación, convocaron a la actividad.

El miedo de las organizaciones en un Estado democrático fue planteado por una participante. Que una organización que está reclamando derechos fundamentales, tenga miedo de pronunciarse contra una legislación determinada, es contrario al espíritu democrático, precisó.

Se planteó cómo promover soluciones pacíficas a la crisis que vive Nicaragua que se apoyen en el sistema interamericano de DDHH. Que los gobiernos no se olviden de proteger a las personas defensoras de derechos humanos. Por ello es urgente recomponer el espacio cívico, para dejar actuar a las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y la ciudadanía.

Asimismo, que la garantía de los derechos humanos es urgente, por tanto, se exhortó al gobierno de Nicaragua a restituir los derechos conculcados y la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos; así como se restituya la libertad de asociación, de expresión y de movilización.

Igualmente, se demandó la apertura de espacios de diálogo interno para contribuir a soluciones pacíficas basadas en los derechos humanos; así como la necesidad de apoyar a las organizaciones para sobrevivir a un contexto tan complejo y salvar todo lo que se pueda del tejido social construido a lo largo de décadas.

A la fecha de publicación del presente artículo 25 organizaciones más han sido enlistadas como próximas a perder su personería jurídica.