Foto tomada de euroefe.es

Redacción AP

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó recientemente el reporte mundial de derechos humanos que anualmente difunde. El documento titulado “Informe de países de derechos humanos 2021” donde se dedica un capítulo a Nicaragua describe las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo.

El Resumen Ejecutivo de dicho Informe señala que Nicaragua tiene “un sistema político autoritario, altamente centralizado y dominado por Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana”. Agrega que el partido FSLN ejerce un control total sobre todos los poderes del Estado de Nicaragua.

Indica también que “Ortega se adjudicó un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre, después de encarcelar arbitrariamente a casi 40 figuras de la oposición”, además de prohibir la participación de la mayoría de partidos políticos, obstaculizar la tradicional observación electoral, permitiendo la fiscalización de personas y partidos afines a Ortega.

El proceso electoral que se denominó votaciones por las fuerzas de la oposición y medios independientes, fue “gravemente defectuoso, carente de credibilidad y definido por una participación electoral históricamente baja” se expresa en el mencionado Informe.

Las elecciones permitieron que el partido de gobierno ampliara su participación en la Asamblea Nacional. Anteriormente, el partido de gobierno ya había realizado cambios en la Constitución Política de Nicaragua lo que facilitó “la eliminación de restricciones a la reelección de las autoridades municipales”.

El Informe rememora las inconsistencias en las elecciones municipales, regionales y nacionales que registraron los observadores electorales internacionales desde 2008, quienes señalaron la necesidad de una reforma electoral.

Policía y Ejército cometieron graves abusos

El Informe del Departamento de Estado evoca las funciones tanto de la policía como del ejército, instituciones que dependen directamente de Daniel Ortega, luego de los cambios efectuados a sus marcos jurídicos en el 2014.

Además, dice que “los parapoliciales, que son unidades no uniformadas, armadas y enmascaradas con entrenamiento táctico y de organización, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad del gobierno, bajo el control directo del gobierno e informan directamente a la policía nacional”.

Si bien se nombra el control efectivo que mantuvieron las autoridades civiles, se menciona que “hubo informes fidedignos de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos”.

El documento alude que mediante diversos informes irrefutables de derechos humanos se develó “ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones forzadas, torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; prisioneros políticos; represalias por motivos políticos contra personas ubicadas en otro país; serios problemas con la independencia del Poder Judicial; injerencia arbitraria e ilegal en la privacidad; castigo de los miembros de la familia por delitos presuntamente cometidos por un individuo, entre otros señalamientos.

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Ataques y restricciones a libertades públicas

Asimismo, se indican “serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluidas amenazas de violencia, detenciones injustificadas, censura, demandas penales por difamación contra periodistas; interferencia sustancial con los derechos de reunión pacífica y libertad de asociación, incluidas leyes demasiados restrictivas sobre la organización, financiación y funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil; severas restricciones a la libertad religiosa.

Otra de las restricciones que se mencionan en el documento es la libertad de movimiento dentro del país y el derecho a salir del país; incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas; restricciones graves e irrazonables a la participación política; corrupción grave; serias restricciones gubernamentales y hostigamientos de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; trata de personas; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra minorías étnicas y comunidades indígenas; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros, queer e intersexuales; y las peores formas de trabajo infantil”.

El Informe precisa que el gobierno de Nicaragua no tomó medidas para investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos “incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento en favor de la democracia en abril 2018”. Tampoco abordó los casos generalizados de corrupción. Por el contrario, Ortega fortaleció la impunidad para los violadores que le eran leales.

Puedes leer aquí el informe: