Redacción AP

El Portavoz principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Pedro Stano, a través de una declaración pública sobre las sentencias de culpabilidad a personas presas políticas dijo que “los jueces y fiscales de estos juicios han violado sistemáticamente el debido proceso y el propio Código Penal nicaragüense así como que la presunción de inocencia fue violada por la Fiscalía calificando a los detenidos de "criminales" y "delincuentes”.

La Unión Europea reafirma lo que los organismos de derechos humanos han denunciado que las personas encarceladas fueron detenidas “por motivos incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos y con la Constitución de Nicaragua. Muchos de los presos políticos llevan más de ocho meses incomunicados, y algunos de ellos se enfrentan a interrogatorios diarios o a un prolongado régimen de aislamiento. Sólo han visto a sus familias en contadas ocasiones. Como ha señalado la ONU en repetidas ocasiones, estas condiciones de detención suponen un riesgo real para la integridad física y mental de los presos y pueden constituir un trato cruel, inhumano y degradante, o incluso tortura”, manifiestan.

En la declaración piden que “el Gobierno nicaragüense libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos y anule todos los procesos judiciales contra ellos, incluidas sus sentencias. También hacemos responsable al Gobierno de garantizar que las condiciones de detención cumplen con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con normas como las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos - las Reglas Mandela -. Observamos que desde la muerte en detención de Hugo Torres el 12 de febrero, algunos detenidos ancianos y enfermos han sido asignados a arresto domiciliario, pero esto sólo puede ser un primer paso”, explican. 

Finalmente recalcan que la “Unión Europea seguirá vigilando de cerca la situación y apoyando al pueblo de Nicaragua en su legítima aspiración a la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho”.

En la última semana, tras siete días de audiencias, las últimas tres maratónicas; la Fiscalía solicitó ocho años de cárcel para Cristiana Chamorro, periodista y ex directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, 13 años para Marcos Fletes, Walter Gómez; siete años para Pedro Vásquez, ex trabajadores de la FVBCh y nueve años para Pedro Joaquín Chamorro, aunque no probaron la comisión de los delitos por parte de los imputados, señalaron las defensas en declaraciones a medios independientes.