Redacción AP

“La vinculación entre las Universidades y los movimientos populares, la empresa y el propio gobierno, es el eje más importante para buscar una alternativa democrática, popular y sostenible para Nicaragua y América Latina” dijo el Jesuita Xavier Gorostiaga en una entrevista a la Revista Envío en octubre de 1992.

Años mas tarde, una nueva dictadura se instaló en el país y tras el estallido de abril del 2018, Rosario Murillo y Daniel Ortega, cogobernantes de Nicaragua, han iniciado una persistente persecución a las organizaciones civiles y a todo lo que huela a pensamiento crítico.

Gustavo Porras, operador político de la pareja presidencial y sancionado por el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, introdujo el martes 29 de marzo una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación y a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior en la que prácticamente sacan a la Universidad Centroamericana (UCA) del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y de los fondos del 6% constitucionales, por el cual lucharon durante mucho años catedráticos y estudiantes de las univesidades.

En el 2018 estudiantes de la UCA se manifestaron contra la quema de la reserva de biósfera Indio Maíz, al sureste de Nicaragua, y tras las reformas del INSS y la agresión a quienes protestaban, salieron a las calles; todas las universidades del país se sumaron y el orteguismo perdió fuerza en la población joven.


Maritza, estudiante de comunicación social de la UCA dijo que “el pueblo apoyó la lucha universitaria porque vio algo nuevo. Vio una juventud que, como en todo momento de crisis, ha sido un manantial de esperanzas. Creo que, además, se apoyó una forma de lucha diferente, cívica y no violenta, pocas veces se ha dado una lucha universitaria tan cívica como la que hicimos” dijo la joven que cursa su tercer año en esa alma mater”.

La iniciativa de ley presentada por Porras fue remitida este martes a la Comisión de Educación, que tendrá que presentar el dictamen el próximo jueves para su discusión y aprobación.

La reforma establece que hay universidades estatales, comunitarias e interculturales, privadas, Centros de Educación Técnica Superior y Centros e Institutos de Estudios e Investigación por Ley para emitir títulos y grados académicos, sin mencionar nombres.

Señala además, que ahora el CNU, de acuerdo al nuevo artículo 56 que propuso la dictadura, estará integrado por los rectores de las universidades estatales como la UNAN-Managua, UNAN-León, UNI, UNA, la recién creada Universidad Nacional Politécnica (UNP) antes Upoli, Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés.

También fueron incluidas las personas rectoras de la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (Uraccan); así como “una universidad privada designada por el CNU”, sin mencionar nombre.

El orteguismo mantiene al presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios de Nicaragua (Fesitun), pero saca a la Asociación de Trabajadores Docentes e incluye al representante de la Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior (Fepdes).

La reforma propuesta plantea en el artículo 57 que el presidente y el vicepresidente del CNU serán electos por el voto de los rectores de las universidades estatales y comunitarias e interculturales, por un período de dos años. Se elimina la participación del ministro de educación quien tenía voz, no voto.

Otro de los cambios que propone el régimen Ortega-Murillo son las funciones del CNU, quien ahora aprobará y coordinará la “política nacional de la Educación Superior del país, en función de los recursos y situaciones existentes”. Además, autorizará la creación de nuevas IES y podrá aprobar moratorias para autorizar nuevas instituciones de educación superior

“Cancelar la autorización de apertura de una nueva universidad a aquellas que en el plazo de seis meses no obtengan la personalidad jurídica por la instancia correspondiente de conformidad con las leyes de la materia” dice; también señala que podrá aprobar “la política y distribución de los fondos asignados a las universidades establecidas en el artículo 56 de esta Ley, atendiendo a la población estudiantil y los costos de operación”.

En la propuesta de la dictadura, el artículo 48 elimina a la UCA y sus centros culturales y de investigación. En el articulado vigente aún aparece esta casa de estudios con el Instituto de Historia de Nicaragua, Instituto para el Desarrollo de Comercio Exterior y el Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA). Con la reforma este último pasó a manos de la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU).

Mientras que la UNAN-Managua continuará administrando el Instituto Nicaragüense de Investigación Económica y Sociales (Inies), el Centro de Investigaciones y Estudios la Salud (CIES) y el Instituto Politécnico de la Salud Luis Felipe Moncada (Polisal). Le quitaron el Instituto Nicaragüense de Administración Pública (INAP), el Centro Popular de Estudios Superiores (CPES- Matagalpa), el Instituto Nicaragüense de Cine (INCINE), el Instituto Nicaragüense de la Mujer y Editorial Nueva Nicaragua (ENN).


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