Redacción AP

Un total de 15 organizaciones nicaragüenses presentaron de forma conjunta a las personas integrantes del Consejo de Derechos Humanos, un Informe de la Verdad denominado “Dictadura y represión en Nicaragua. Lucha contra la impunidad” y les demandan la aprobación del Proyecto de Resolución “Promotion and protection of human rights in Nicaragua”.

 Las organizaciones reconocen que el Proyecto de Resolución es un “avance significativo para la defensa de los derechos humanos, la restauración de la democracia y el estado de derecho en nuestro país”.

Además, subrayan la importancia de crear un nuevo mecanismo de investigación de los derechos humanos para que las víctimas tengan acceso a la justicia y los responsables de graves abusos rindan cuentas por los delitos cometidos.

A su juicio, tres personas expertas que investiguen, reúnan y preserven pruebas, y recomendaciones, ayudará a mejorar la situación de derechos humanos, orientará el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, lo cual valoran como avance en la lucha contra la impunidad.

 Destacan la colaboración de la Alta Comisionada y otros órganos de Naciones Unidas, coordinados con los esfuerzos de las organizaciones locales, regionales e internacionales.

 El Informe de la Verdad “Dictadura y represión en Nicaragua. Lucha contra la impunidad” es la comprobación de la masividad y la sistematicidad que caracteriza a los crímenes de lesa humanidad, de terrorismo de Estado, y la situación de impunidad ocurridas en Nicaragua desde 2018.

 Las organizaciones y movimientos firmantes valoran la creación del mecanismo señalado, propuesto por el Consejo de Derechos Humanos, como oportunidad única para promover el cumplimiento de la obligación internacional de las graves violaciones como las ocurridas en Nicaragua y avanzar hacia la apertura de los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación.

 El documento se ha producido de forma conjunta por organizaciones nicaragüenses de perfil jurídico, de derechos humanos del Pacífico y del Caribe, defensoría de derechos humanos, movimientos sociales y movimientos feministas, comités de familiares de presos y presas, excarcelados políticos, movimientos de personas exiliadas, periodistas y comunicadores independientes y organismos no gubernamentales a quienes se les ha arrebatado de su personalidad jurídica.

 La misiva concluye con una frase dedicada a las personas afectadas por los crímenes de lesa humanidad: “Solo así las víctimas y sus familiares podrán sanar sus heridas y la sociedad en su conjunto podrá reconstituir los lazos de paz y convivencia democrática”.