Redacción AP

El recién pasado ocho de marzo el Parlamento de Guatemala aprobó la Ley de Protección de la Vida  y la Familia, Ley 5772, conforme el Decreto 18-2022. Más de cien diputados legalizaron la criminalización de las mujeres, mientras unas mil mujeres conmemoraban la fecha en la Plaza de la Constitución. Solamente ocho parlamentarios se opusieron, mientras 43 estaban ausentes.

Como retroceso al avance de los derechos de las mujeres y de poblaciones diversas, ha sido calificada la decisión parlamentaria por diferentes organizaciones guatemaltecas, lo cual rechazan. Señalan además, que dicha norma institucionaliza la heterosexualidad (relación hombre-mujer) como única forma de amar y desear, criminaliza a las mujeres que tengan un aborto espontáneo y prohíbe la educación sexual integral en las escuelas.



Por las anteriores razones exigen al presidente Alejandro Giammetti vetar dicha ley ya que restringe los derechos humanos.

La Ley 5772 asimismo, ata de manos al personal médico para asistir a mujeres que tengan un aborto espontáneo, pese a que es un hecho que ocurre naturalmente. Planned Parenthood afirma que  aproximadamente 8 de cada 10 abortos espontáneos suceden durante los primeros tres meses, y entre el 10% y 20% de los embarazos termina en abortos espontáneos. 

Según la defensora de derechos humanos, Ixmucané Solórzano, dicha ley oficializa el discurso de odio contra las mujeres ya que prohíbe a funcionarios públicos tener ideas distintas a la “oficial” cuando representen al país en  eventos internacionales. Criticó además, el desconocimiento de la diversidad de familias que hay en el país, al desconocer las familias distintas a la “tradicional” o nuclear.

Con dicha ley también el Estado no acepta la diversidad sexual, más bien promueve la violencia. A partir de la aprobación de dicha norma jurídica las personas lesbianas, gay, trans, bisexuales, intersex y queer (LGTBIQ+) podrían ser discriminadas sin consecuencias para sus agresores, no respetando sus derechos humanos.

Esto fue señalado por Ixmucané Solórzano como “una vergüenza internacional y aberración jurídica por cuanto se castiga las orientaciones sexuales y las identidades de género distintas a lo heterosexual”.

El Parlamento chapino aprobó también el ocho de marzo el Decreto 9-2022 donde se establece el nueve de marzo como Día Nacional de la Vida y la Familia, asimismo se nombró a Guatemala como la Capital Iberoamericana por la Vida y la Familia, aunque solo por un día, el nueve de marzo.        

Agenda Propia Nicaragua conoció que el día nueve de marzo se introdujeron dos acciones por inconstitucionalidad de la norma jurídica aprobada el día anterior, y algunos diputadas y diputados pusieron un recurso de revisión ante el Congreso de ese país.