Redacción AP

Con 20 votos a favor, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución sobre Nicaragua, que establecerá un mecanismo de personas expertas internacionales e independientes que investigarán las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril del año 2018 en el país.

Las personas expertas tendrán la tarea de “realizar investigaciones exhaustivas, independientes y con enfoque de género e inter seccional sobre las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril del año 2018, así como sus causas estructurales”.

También, de “recopilar, preservar y analizar la información y potenciales evidencias; y -cuando sea posible- identificar a los responsables de dichas violaciones a fin de apoyar los esfuerzos de rendición de cuentas actuales. Dar recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos, proporcionar orientación sobre el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, y garantizar que los tratos o penas inhumanos o degradantes tengan un enfoque centrado en las víctimas”.

Asimismo, de “colaborar con la Oficina de la Alta Comisionada, el Estado de Nicaragua, organizaciones internacionales de derechos humanos, organismos pertinentes de la ONU y la sociedad civil, con el objetivo de intercambiar información y apoyar a los esfuerzos para promover la rendición de cuentas”.

El ‘Mecanismo para Nicaragua’ es un pedido que el Colectivo 46/2 -una coalición de 21 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales- ha realizado desde el año pasado “al confirmar que el Estado nicaragüense no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones de la Resolución 46/2. Por el contrario, ha incrementado la represión, y no ha mostrado la más mínima intención de reanudar una cooperación significativa con la comunidad internacional”.

La propuesta está en línea con la recomendación de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, que insta al Consejo a considerar “todas las medidas a su alcance para promover la rendición de cuentas por las graves violaciones que han ocurrido desde 2018”.

Reacciones a la resolución aprobada





“Nicaragua lleva más de cuatro años inmersa en una profunda crisis de derechos humanos que ha sido analizada en detalle por el Consejo de Derechos Humanos. Cuatro resoluciones fueron adoptadas y las autoridades no han mostrado ninguna intención de cooperar ni con Naciones Unidas ni con el Sistema Interamericano de derechos humanos” manifestó Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH.

Por su parte Haydee Castillo, defensora de Derechos Humanos y líder del Movimiento Nicaraguensees en el Mundo (NEM), dijo que “ha sido muy importante el hecho de que los países han expresado que en Nicaragua no habrá paz duradera sin justicia, es un triunfo para las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y para las organizaciones de víctimas” sostuvo.

Para Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, “este mecanismo es el resultado de la resistencia cívica de diversos actores, incluyendo a las víctimas las cuales se han negado a guardar silencio frente a los crímenes cometidos por el Estado, el mismo es una herramienta para la defensa de derechos y la lucha contra la impunidad, así como un respaldo a las víctimas, sin duda esta buena noticia nos llena de esperanza”.

“Desde el Colectivo 46/2, celebramos el establecimiento de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua. Saludamos el liderazgo de los países de la región que presentaron esta resolución. También saludamos el apoyo de México y Argentina”, dijo Natalia Yaya de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH).

 El Colectivo 46/2, ha monitoreado la implementación por parte del Estado nicaragüense de las 14 recomendaciones contenidas en la resolución 46/2, adoptada por el CDH en marzo de 2021, indicó esa coalición.

Por su parte Ana Quirós, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) dijo que "esta resolución trata de subsanar la imposibilidad de acceso a la justicia real en Nicaragua por la parcialización total del sistema de justicia por parte del régimen de Ortega-Murillo". 

Ligia Gómez, vocera del Observatorio independiente Urnas Abiertas dijo que “nos comprometemos a seguir documentando las irregularidades y violaciones de derechos humanos y derechos políticos que el régimen ha venido cometiendo en el marco de los procesos electorales”.

Además, manifestó que “en medio de la represión y un sistema de justicia cooptado que es pieza clave de la represión, el establecimiento de un mecanismo de rendición de cuentas por el Consejo de la ONU, es el respaldo que las organizaciones de derechos humanos necesitamos para asegurar verdad, justicia y reparación para las víctimas en un futuro proceso de justicia.