Redacción AP

Con 75 votos a favor, 11 abstenciones y 5 presentes, la Asamblea Nacional controlada por el orteguismo, aprobó la cancelación de la personalidad jurídica de seis ONG, entre las que figuran dos organizaciones feministas como es el Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra y la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz. 

El Ministerio de Gobernación argumentó que las organizaciones supuestamente no reportan sus estados financieros, tienen juntas directivas con plazo vencido y recibieron donaciones del exterior.

Según Gobernación, las organizaciones incumplieron con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro, lo cual promueve la falta de transparencia en la administración de los fondos.

“Estas asociaciones y fundaciones han incumplido y obstaculizado el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro, que al efecto lleva el Ministerio de Gobernación, conforme los períodos fiscales, promoviendo la falta de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fue acorde a sus objetivos y fines por los cuales la Asamblea Nacional les otorgará la Personalidad Jurídica”, se indica en el documento leído en la Asamblea Nacional.

En las justificaciones planteadas, Gobernación alega que “la Junta Directiva se encuentra acéfala al no reportar estas Asociaciones sus Juntas Directivas lo que ha imposibilitado al Ente Regulador, impidiéndole identificar quienes son los representantes y los asociados del organismo, infringiendo las Leyes que regulan a las Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro en Nicaragua”.

La lista de organizaciones ilegalizadas la suman la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, el Centro Nicaragüense para la Promoción de la Juventud y la Infancia, la Fundación Iberoamericana de las Culturas, y la Asociación PEN Internacional Nicaragua.

La Asociación PEN Internacional Nicaragua había anunciado su cese el año pasado, cuando entró en vigor la Ley de Agentes Extranjeros que sanciona financiamientos y donaciones del exterior salvo excepciones.


Así el régimen Ortega Murillo continúa con el desmantelamiento arbitrario de organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos, incluso organizaciones cuyos grupos metas han sido beneficiados de diferentes formas, y en el que el Estado de Nicaragua está ausente.