Familiares de defensores del agua en las afueras del Palacio de Justicia de Tocoa en espera justicia y reparación

Redacción AP

El pasado 9 de febrero José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo y Orbin Nahún Hernández, ambientalistas e integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), fueron declarados culpables por un tribunal de Trujillo en el norte de Honduras, por los delitos de privación ilegal de la libertad, daños agravados contra el contratista de la empresa, y daños simples y agravados contra la empresa en el caso conocido como Guapinol, al norte de Honduras.


La decisión calificada como arbitraria por organizaciones internacionales, refuerza que cuando no se atenta contra la vida de los defensores del medio ambiente, la cárcel aparece como un castigo. 


La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh) a través de su cuenta de Twitter, mostró “su preocupación” porque el Ministerio Público de Honduras “no ha cumplido con el estándar de prueba mínimo ni ha observado a cabalidad el principio de objetividad que debe regir sus actuaciones” en el juicio contra los defensores del agua, que terminó el pasado viernes con la etapa de conclusiones. Las penas que deberán enfrentar los activistas se conocerán el próximo 21 de febrero, según anunció la justicia hondureña.

 

Ser defensor en Honduras es una labor de alto riesgo. En enero tres personas personas fueron asesinadas, según un informe de Amnistía Internacional. Pablo Isabel Hernández, líder indígena, comunicador social y defensor de los derechos humanos fue asesinado el 9 de enero, mientras se dirigía a una iglesia en el Municipio de San Marcos; Thalía Rodríguez, defensora transgénero de derechos humanos, realizaba acciones de sensibilización y promovía alternativas laborales al trabajo sexual a mujeres trans y; Melvin Geovany Mejía, indígena tolupán defensor del territorio, fue encontrado muerto en el municipio de Morazán en el departamento de Yoro.


Los declarados culpables, en 2019 se opusieron a un proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares (ILP) en una zona protegida que afectaría los ríos San Pedro y Guapinol, motivo por el que fueron detenidos. El resto de líderes del grupo, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz, fueron absueltos y deben ser liberados. 

 
En un comunicado Érika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional, manifestó que el veredicto es indignante y va en contra de las obligaciones de Honduras de garantizar la defensa de los derechos humanos. El proceso "debe ser anulado inmediatamente. No dejaremos de exigirlo a las autoridades hasta que todos los defensores de Guapinol queden en libertad de forma inmediata e incondicional".


En 2018, cuando la empresa inició trabajos en la zona y la construcción de una carretera para facilitar el acceso al lugar, el agua del afluente dejó de ser utilizable por la comunidad, que pronto se movilizó y organizó un campamento de resistencia que terminó siendo desalojado con violencia por parte de las autoridades, que se pusieron de lado de la empresa.


La decisión judicial es como una bofetada porque se pareciera que privan los intereses económicos, en un país donde prevalece la impunidad contra activistas ambientales como el caso de Berta Cáceres.