Redacción AP

Un ciudadano nicaragüense del que no han trascendido más datos se encuentra entre los siete detenidos como presuntos miembros de una organización dedicada a la trata de seres humanos, a los que explotaban laboralmente en fincas agrícolas en las provincias de Sevilla y Córdoba, en el sur de España.

Así lo ha informado este lunes la Policía Nacional de España a través de la Agencia EFE, donde explica que los arrestos se han producido después de una investigación que se inició en el mes de junio pasado, cuando agentes policiales detectaron a este ciudadano nicaragüense en las inmediaciones de un bar en el conocido barrio de la Macarena, en Sevilla, donde trataba de captar a extranjeros a los que que ofrecía trabajo como jornaleros en distintas fincas de Sevilla. 

Así, los agentes pudieron constatar que las condiciones que se ofrecía a estas personas consistían en jornadas que superaban las doce horas de trabajo sin descanso alguno con unos salarios que, según la productividad, oscilaban entre los 30 y 40 euros diarios. No solamente estos salarios estaban muy por debajo de lo establecido legalmente sino que los jornaleros no eran dados de alta en la Seguridad Social. 

Los presuntos explotadores aprovechaban la circunstancia de que estas personas no tenían permiso de residencia ni trabajo en España. Según fuentes policiales les daban de manera verbal un número de NIF de otra persona para que se identificaran ante los propietarios de las fincas cuando iban a trabajar.

Tras detectar al ciudadano nicaragüense, la Policía siguió tras la pista durante varios meses hasta que logró identificar a nueve personas que conformarían la presunta organización criminal y que se repartían las tareas de captación, transporte, control y vigilancia de los jornaleros.


Aunque ha trascendido ahora, fue el pasado 1 de diciembre cuando la Policía estableció un dispositivo en una finca cordobesa y localizó a un total de 23 personas de origen sudamericano trabajando en estas condiciones. Los agentes, además, intervinieron más de 4000 euros en efectivo y diversa documentación. Del mismo modo, se procedió a la detención de siete personas, entre ellas el ciudadano nicaragüense, por los supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.