Fachada del Hospital Militar en Managua

Redacción AP

Con las principales personas líderes de la oposición detenidas o inhabilitadas, se celebrarán las votaciones en Nicaragua este próximo 07 de noviembre y en las que el dictador Ortega y su esposa Murillo, se auto proclamarán dedocráticamente en el poder. Ortega busca su tercera reelección y un quinto mandato presidencial, bajo el rechazo del pueblo y de la comunidad internacional.

En la misma votación se designarán a 90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados del Parlamento Centroamericano.

En los pasillos del hospital militar en Managua, hay un descontento silencioso. Desde cocineros, personal de limpieza y médicos en todas sus especialidades, afirman que los mandos intermedios les han llamado y pedido el voto.

Un médico general de este hospital, cuenta que lo llamaron para decirle que la orientación es que “el mando necesita de su voto, si hay necesidad de hacer cambio de domicilio lo hacemos y usted tiene que ir a votar para que Nicaragua siga cambiando”, según se lo ha ordenado su superior.

En el departamento de enfermería a cargo del Coronel José Javier Vanegas Leiva, la orientación se repite, pero es más directo y amenaza con que “si llegamos a perder el poder todo mundo va de viaje de este hospital y por eso tenemos que reafirmar el compromiso con el comandante Daniel y la compañera Rosario, no aceptamos traidores ni vende patrias”, expresa una enfermera que entró a trabajar durante el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños (QEPD) quien confirma la información del médico general.


Las votaciones del 7 de noviembre son "un plan doloso para acabar con la democracia", según un reciente estudio divulgado la semana pasada por el Observatorio nicaragüense Urnas Abiertas, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela.

El informe, titulado "Un plan doloso para acabar con la democracia", basó su conclusión en las acciones ejecutadas en el contexto electoral por el régimen de Daniel Ortega, quien busca su tercera reelección para un cuarto período consecutivo de cinco años y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta quien en días pasado Ortega la denominó co-presidenta de Nicaragua, un cargo que no existe en la Constitución Política de Nicaragua.

"Los resultados recopilados permiten concluir que los fundamentos legitimadores de un proceso electoral íntegro han sido conculcados de manera sistemática", señalan las organizaciones en su informe.

El estudio identificó como violaciones al proceso electoral la "manipulación excluyente del padrón, persecución judicial de opositores, exclusión de candidaturas, uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas, y la falta de garantía de los derechos y libertades por parte del poder ejecutivo y la autoridad electoral".

La investigación resaltó, además, que "la autoridad electoral actúa fuera de los estándares democráticos de imparcialidad y transparencia", debido a la supremacía orteguista en el Consejo Supremo Electoral. La cancelación de tres partidos de oposición y el arresto de siete aspirantes a la presidencia, según la investigación, demuestra el uso de "métodos ilegales y engañosos para eliminar toda competencia electoral".

Por su parte, las organizaciones sociales como la Articulación de Movimientos Sociales y la Unidad Nacional Azul y Blanco, han emitido posicionamientos en los que han pedido a la población quedarse en su casa y han cuestionado el proceso electoral. Desde el exilio organizan diversas manifestaciones de cara al 7 de noviembre.