Redacción AP

Daniel Ortega y Rosario Murillo sufrieron el inicio de una derrota política, esta vez en la Asamblea General de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que 25 países aprobaron una resolución que declara “sin legitimidad” las votaciones del 7 de noviembre pasado.

La resolución fue presentada por las delegaciones de ocho países: Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay. El único voto en contra fue el de Nicaragua, siete países se abstuvieron y uno se declaró ausente.

Bradley Freden, representante de Estados Unidos en la OEA dijo que “las acciones de Daniel Ortega y Rosario Murillo son contrarias a todo lo que defiende esta organización: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Han demostrado que no respetan ni la Carta de la OEA ni la Carta Democrática Interamericana, y sus acciones deben tener consecuencias”.

Mientras tanto el canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, celebró la resolución de la OEA, demandó la libertad de los presos políticos y reconoció el rol del organismo y los países que lo constituyen en pro de la democracia y la protección de los derechos humanos.

“Desde este espacio, seguiremos usando todas las herramientas diplomáticas de las que dispone el sistema interamericano para que Nicaragua retome el camino del restablecimiento de la democracia en beneficio del pueblo nicaragüense”, añadió Solano.


Los cancilleres de la OEA establecieron el 30 de noviembre como fecha límite para que el Consejo Permanente realice una “apreciación colectiva” de la situación del país, “de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”, y que lo “tome las acciones apropiadas”, que pondrían al régimen ante una posible suspensión del organismo.

Los diplomáticos acordaron “reiterar sus llamamientos anteriores para la liberación de todos los candidatos y presos políticos, la restitución de sus derechos democráticos, y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil”.