Redacción AP
Una coalición de ONGs
internacionales, regionales y nicaragüenses ha lanzado un llamado global para que el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU cree un mecanismo de investigación y rendición de
cuentas para Nicaragua en su próxima sesión de marzo de 2022.
La iniciativa surge en respuesta al incumplimiento del régimen de OrtegaMurillo de las 14
recomendaciones planteadas en la resolución 42/6 emitida
por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), en marzo de 2021.
Las organizaciones denuncian que el
“gobierno de Nicaragua no ha tomado medidas sustanciales, ni iniciales, para
implementar ninguna de las recomendaciones de la resolución 46/2; el gobierno
ha tomado un número significativo de acciones contrarias a las recomendaciones,
resultando en un espacio cerrado de la sociedad civil y un aumento de los
ataques a los defensores de los derechos humanos, periodistas, candidatos
presidenciales y disidentes”.
Tania Agosti, asesora legal de la
organización Race and Equality, dijo que es necesario “el llamado a un
mecanismo de investigación que siente las bases y que asegure las evidencias, y
las pruebas y la documentación que han hecho las organizaciones”, expresó.
Agregó que el mecanismo en sí
mismo es un mensaje “contundente” de la comunidad internacional, que indica que “estamos atentos a lo que has hecho -Daniel Ortega- y estamos escalando nuestra
presión con las herramientas que tenemos del Consejo de Derechos Humanos”, pero
a la vez, “estamos guardando y asentando las bases para un futuro proceso de
justicia”, subrayó.
El 14 de diciembre próximo, según
el mandato de la resolución 46/2, la Alta Comisionada Michelle Bachelet
presentará ante el Consejo de Derechos Humanos una actualización oral sobre el
contexto “postelectoral” en Nicaragua.
Por lo que las organizaciones hacen un llamado a todos los Estados para que
garanticen una posición conjunta sólida, basada en las declaraciones conjuntas
interregionales anteriores, que expresa profunda preocupación por las graves
violaciones que tienen lugar en el país y muestren su apoyo a la creación
de un mandato de las Naciones Unidas que establezca un mecanismo de rendición
de cuentas en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
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