Redacción AP

Una coalición de ONGs internacionales, regionales y nicaragüenses ha lanzado un llamado global para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cree un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua en su próxima sesión de marzo de 2022.

La iniciativa surge en respuesta al incumplimiento del régimen de OrtegaMurillo de las 14 recomendaciones planteadas en la resolución 42/6 emitida por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en marzo de 2021.

Las organizaciones denuncian que el “gobierno de Nicaragua no ha tomado medidas sustanciales, ni iniciales, para implementar ninguna de las recomendaciones de la resolución 46/2; el gobierno ha tomado un número significativo de acciones contrarias a las recomendaciones, resultando en un espacio cerrado de la sociedad civil y un aumento de los ataques a los defensores de los derechos humanos, periodistas, candidatos presidenciales y disidentes”.

Tania Agosti, asesora legal de la organización Race and Equality, dijo que es necesario “el llamado a un mecanismo de investigación que siente las bases y que asegure las evidencias, y las pruebas y la documentación que han hecho las organizaciones”, expresó.

Agregó que el mecanismo en sí mismo es un mensaje “contundente” de la comunidad internacional, que indica que “estamos atentos a lo que has hecho -Daniel Ortega- y estamos escalando nuestra presión con las herramientas que tenemos del Consejo de Derechos Humanos”, pero a la vez, “estamos guardando y asentando las bases para un futuro proceso de justicia”, subrayó.

El 14 de diciembre próximo, según el mandato de la resolución 46/2, la Alta Comisionada Michelle Bachelet presentará ante el Consejo de Derechos Humanos una actualización oral sobre el contexto “postelectoral” en Nicaragua.

Por lo que las organizaciones hacen un llamado a todos los Estados para que garanticen una posición conjunta sólida, basada en las declaraciones conjuntas interregionales anteriores, que expresa profunda preocupación por las graves violaciones que tienen lugar en el país y muestren su apoyo a la creación de un mandato de las Naciones Unidas que establezca un mecanismo de rendición de cuentas en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.