Momento en que se da la juramentación del juez Henry Antonio Morales Olivares. Foto: Poder Judicial


Redacción AP


La presidenta de la Corte Suprema de Justicia Alba Luz Ramos, juramentó este miércoles 6 de octubre al juez Henry Antonio Morales Olivares como nuevo magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) después que fuera destituido el magistrado Gerardo Rodríguez, hoy ex presidente del TAM por haber dado trámite a un recurso de amparo presentado por Ciudadanos por la Libertad.


Morales Olivares hasta ahora se desempeñaba como titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua y ha sido muy obediente a las órdenes Daniel Ortega y Rosario Murillo. Bajó directrices del régimen, condenó a más de 200 años a cárcel a Medardo Mairena y Pedro Mena líderes del Movimiento Campesino en 2018.


Además, llevó el juicio contra los periodistas Miguel Mora, y Lucía Pineda Ubau, acusados de terrorismo y otros delitos. 


Asimismo, a petición de la fiscal auxiliar Lillyam Sosa, emitió en 2019 una orden de captura en contra de los periodistas Luis Galeano y Jackson Orozco, además del comentarista político Jaime Arellano.


La juramentación de Morales contó con la asistencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como Marvin Aguilar García, vicepresidente; Juana Méndez Pérez, integrante del Consejo de Administración y Carrera Judicial (CNACJ); Ileana Pérez López, presidenta de la Sala Civil, y Ellen Joy Lewis Downs, miembro de la Sala Penal, versa una nota informativa  en el portal web del Poder Judicial. 
 
“Mediante el acuerdo número 95 de la Corte Suprema y de conformidad al artículo 12 de la Ley 501, Ley de Carrera Judicial, se promueve al doctor Henry Antonio Morales Olivares, del cargo de Juez de Sexto Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua, al cargo de Magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua”, dice textualmente la información.


El Poder Judicial ha sido cuestionado por la fabricación de sentencias contra opositores en el contexto de las protestas de 2018, lo que ha llamado la atención de la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA,  dijo en su momento que los procesos se dieron bajo cargos “infundados”.