Un nutrido grupo de mujeres y hombres indígenas provenientes de diferentes
comunidades de la Región Autónoma del Caribe Norte, brindaron este 9 de septiembre en rueda de
prensa sus testimonios y demandas a la comunidad nacional e internacional, así
como al gobierno de Daniel Ortega, por la situación que viven. La grita
generalizada es de justicia.
Hablando en lengua miskita, madres y padres de familia de las víctimas de
la masacre de agosto pasado, así como viudas desde hace algunos años por la
intervención de colonos en sus tierras, estas personas comparecieron
acompañadas en su mayoría por niños y niñas huérfanas por la acción de los
colonos.
Juan Gutiérrez Flores, padre de una de las víctimas de la masacre del
pasado 23 de agosto en la Reserva de Bosawas en horas de la noche, manifestó
que su hijo “andaba trabajando, pues tiene hijos en la escuela” y fue
asesinado.
Raily Jarquín William y Ermita Gutiérrez Empra compartieron que su hijo
Kelly Gutiérrez Jarquín andaba buscando la vida para mantener a sus hijos de
dos años y de seis meses. Dijeron que no hay justicia y por lo tanto solicitan
ayuda y esperan “que el gobierno pueda resolver la situación. La violación de
derechos humanos nos está afectando a todos”.
Ermita agregó que dos hermanos de ella fueron asesinados, Jacinto y Sixto
Gutiérrez Empra, quienes dejan tres y seis hijos respectivamente, y demandó
apoyo “para poder llegar al lugar de la masacre y trasladar sus restos a sus
comunidades y darles cristiana sepultura”.
Como se recordará, un ataque contra indígenas mayangnas y miskitos dejó al
menos cinco muertos. Los mayangna han denunciado que colonos armados intentaban
desplazarlos de sus tierras.
Por su parte, Alicia Salgado y Wilmor Waldan, padres de James Waldan
Salgado, también asesinado, narraron que James tenía dos hijos, de dos años el
menor, y “andaba buscando algún ingreso para la alimentación de sus hijos”. Denunciaron
que fue ultimado por colonos y mayangnas. Agregaron que “desde el 23 de agosto
hasta hoy, el gobierno no ha hecho nada”.
Compartieron también que a un familiar adolescente “que estaba en el lugar
cuando llegaron los colonos, éstos le dijeron que iban a volver al día
siguiente.”
De la comunidad de Santa Fe se presentaron Francis Isabel y Nixon Salomon,
madre y padre de otro de los asesinados, Bonifacio Salomon. Al poner la
denuncia en la policía, les dijeron que a Bonifacio lo había asesinado un primo,
lo cual no es cierto, según Francis y Nixon. “Buscamos justicia por nuestro
hijo hasta el final” manifestaron.
Tres miskitas viudas, de la comunidad de La Esperanza, Río Coco, explicaron
que no quieren que los colonos invadan sus tierras. “Cada pueblo tiene su
tierra, su espacio para vivir” dijo de forma enérgica una de ellas y agregó
“nos estamos organizando porque queremos vivir como antes”.
Con relación al ataque del 23 de agosto, la directora para las Américas de
Amnistía Internacional, Ericka Guevara Rosas ha dicho que "es una muestra
más de la continua indolencia estatal sufrida por las comunidades de pueblos
indígenas nicaragüenses frente a los intentos de ocupación ilegal de sus
territorios", y se ha sumado a otras organizaciones en demanda que se
esclarezca la matanza.
Hay temor por la acción de
los colonos
La mayoría de participantes en la conferencia de prensa expresaron su miedo
e intranquilidad de que los jóvenes vayan al monte por las amenazas y el robo
de ganado. “De 2020 para acá no trabajamos en el campo por las amenazas de los
colonos, esas tierras se las han tomado” dijo una conferencista.
Otra persona refirió “tenemos miedo porque el gobierno solo dice sí. Hemos
conversado con el propio gobernador, nos ha dicho vengan a la policía pero
cuando llegamos, la policía nos dice que por tierras no se puede hacer nada por
orden del gobernador”.
Agregó a modo de reflexión: “No hay derecho de los pueblos indígenas. No
hay acompañamiento del gobierno”.
Un comunitario de Sangnilaya se hizo presente para mostrar su solidaridad
con las familias afectadas.
El ambientalista Amaru Ruiz Alemán, a quien la Fiscalía General de la
República acusó de "propagación de noticias falsas” y solicitó su
detención por “crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en
peligro la soberanía nacional”, no pudo intervenir en la conferencia de prensa
por aparentes problemas técnicos, pese a que ha sido quien ha brindado
información de los asesinatos en las comunidades indígenas del Caribe Norte, y denunciado
que el Estado y sus instituciones han omitido la investigación de estos
delitos.
El primer intento de realizar la conferencia fue obstaculizado por personas
que expresaban palabras soeces, por lo cual los organizadores tuvieron que
clausurarla y hacer un segundo intento.
Nuestras Plataformas