Redacción AP
Amaru Ruiz, defensor del medio ambiente, realizó
una conferencia de prensa acompañado del Colectivo de Derechos Humanos
Nicaragua Nunca +, donde denunció la criminalización de la que está siendo
víctima por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A inicios de septiembre el Ministerio Público, al servicio del oficialismo, acusó a Ruiz por el presunto delito
de “propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la
información y la comunicación”, convirtiéndolo de esta forma en el primer ciudadano
imputado por esta causa, y el tercer acusado conforme a la Ley 1042, Ley
Especial de Ciberdelitos, vigente desde diciembre de 2020.
Para el ambientalista esta acción “solo representa
una actuación más del régimen de Ortega y Murillo para acallar el trabajo que veníamos
realizando desde Fundación del Río y como defensores del medio ambiente”.
La Fiscalía solicitó la detención
del ambientalista y lo señaló de “pretender crear un clima de
inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional”, con
relación a la masacre de 13 indígenas en el cerro Kiwakumbaih, ocurrida en
agosto 2021. Según la Fiscalía, este hecho está siendo investigado.
Ruiz ha iniciado una jornada de
denuncias internacionales por la criminalización del ejercicio de la defensa
del medio ambiente por lo que expresó que presentará su caso ante el “Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y el sistema universal del Consejo de
Derechos Humanos (de Naciones Unidas)”.
“Lamentablemente no vivimos en un
sistema democrático por lo que no pretendemos viajar a Nicaragua para responder
por esta denuncia, porque no hay garantías de un debido proceso ni juicio en el
país y por eso he puesto la denuncia en el colectivo de Derechos Humanos
Nicaragua Nunca +” expresó el ambientalista.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos ha pedido al Estado de
Nicaragua “poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento —incluido a
nivel judicial— en contra de Amaru Ruiz Alemán y en contra de todas las
personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua”.
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