Redacción AP

El 28 de mayo de 2021, Walter Antonio Gómez Silva y Marcos Antonio Fletes Casco fueron detenidos en el marco de una investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro sin que el Estado haya brindado información sobre su lugar de detención, ni permitido contacto alguno con sus familiares o abogados.

Fueron los primeros en ser detenidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con el inicio de una embestida feroz en contra de organismos no gubernamentales, precandidatos presidenciales de grupos de oposición, y líderes históricos de la revolución sandinista, que hasta este momento ha desencadenado l arresto de una treintena de líderes opositores, cifra que forma de las l34 presas y presos políticos, y el aumento de exiliados.

A Fletes y Gómez esta semana  se les vence el plazo de 90 días de detención judicial impuesta por el otrora Poder Judicial.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas precautaleres a favor de Cristiana Chamorro Barrios y a tres de sus extrabajadores: Walter Gómez, Marcos Antonio Fletes y Lourdes Arróliga, medidas que el estado de Nicaragua sigue sin asumirlas.

En la resolución No. 161/21, la CIDH pide al gobierno de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los detenidos.

 La CIDH expone que “el Estado deberá tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas beneficiarias, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros; b) adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias que se encuentran privados de la libertad se adecúen a los estándares internacionales aplicables; c) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.

Daniel Ortega ha señalado y acusado a los opositores encarcelados e investigados de “financiar, organizar, buscar los recursos, buscar el apoyo de los yanquis, y dirigir los crímenes que se cometieron en abril del 2018”, y que en la narrativa oficialista califican como “un golpe de Estado”.

En su discurso del acto de aniversario de la Fuerza Naval del Ejército, el pasado 13 de agosto, Ortega acusó a los últimos reos políticos de “terroristas”, por estar en contra de levantar los “tranques”.

De los 33 presos políticos capturados en la más reciente ola represiva del régimen orteguista, 28 han sido detenidos al amparo de la Ley 1055 o “Ley de Soberanía”, y sometidos a noventa días de investigación.