Redacción AP
El 28 de mayo de 2021, Walter
Antonio Gómez Silva y Marcos Antonio Fletes Casco fueron detenidos en el marco
de una investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro sin
que el Estado haya brindado información sobre su lugar de detención, ni
permitido contacto alguno con sus familiares o abogados.
Fueron los primeros en ser
detenidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con el inicio de una embestida feroz
en contra de organismos no gubernamentales, precandidatos presidenciales de grupos de
oposición, y líderes históricos de la revolución sandinista, que hasta este momento ha desencadenado l arresto de una treintena de líderes opositores, cifra que forma de las l34 presas y presos políticos, y el aumento de exiliados.
A Fletes y Gómez esta semana se
les vence el plazo de 90 días de detención judicial impuesta por el otrora
Poder Judicial. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas precautaleres
a favor de Cristiana Chamorro Barrios y a tres de sus extrabajadores: Walter
Gómez, Marcos Antonio Fletes y Lourdes Arróliga, medidas que el estado de Nicaragua sigue
sin asumirlas.
En la resolución No. 161/21, la
CIDH pide al gobierno de Nicaragua que adopte
las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad
personal de los detenidos.
La CIDH expone que “el Estado deberá tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos de las
personas beneficiarias, de conformidad con los estándares establecidos por el
derecho internacional de los derechos humanos, como en relación con actos de
riesgo atribuibles a terceros; b) adopte las medidas necesarias para asegurar
que las condiciones de detención de las personas beneficiarias que se
encuentran privados de la libertad se adecúen a los estándares internacionales
aplicables; c) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias
y sus representantes; y d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de
investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida
cautelar y así evitar su repetición”.
Daniel Ortega ha señalado y acusado a los
opositores encarcelados e investigados de “financiar, organizar, buscar los
recursos, buscar el apoyo de los yanquis, y dirigir los crímenes que se
cometieron en abril del 2018”, y que en la narrativa oficialista califican como
“un golpe de Estado”.
En su discurso del acto de aniversario
de la Fuerza Naval del Ejército, el pasado 13 de agosto, Ortega acusó a los
últimos reos políticos de “terroristas”, por estar en contra de levantar los
“tranques”.
De los 33 presos políticos
capturados en la más reciente ola represiva del régimen orteguista, 28 han sido
detenidos al amparo de la Ley
1055 o “Ley de Soberanía”, y sometidos a noventa días de
investigación.
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