Redacción AP

La presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores y Defensores de Derechos Humanos y también Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Catalina Crespo, exigió a la Procuraduría de Derechos Humanos de Nicaragua “actuar en favor de las personas y no ser cómplices del Gobierno ni de sus actos de represión en contra del pueblo nicaragüense” en un comunicado emitido ayer viernes 13 de agosto.

La Defensora de Costa Rica recordó a sus homólogos nicaragüenses "que los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, suscritos por la República de Nicaragua, imponen a esa Procuraduría el deber de proteger a las y los nicaragüenses de todo acto de violencia institucional, ejercida desde las más altas esferas del Gobierno nicaragüense, de conformidad con los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos”.



Crespo, es también la presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores y manifestó que “la detención de líderes políticos opositores y de todo aquel que manifieste opiniones políticas disidentes al régimen del presidente Ortega constituye una flagrante violación a los derechos humanos de las personas nicaragüenses, por lo que su Institución Nacional de Derechos Humanos, a través del más sonoro silencio, no puede ni debe cohonestar tales actos”.

La Procuraduría de Derechos Humanos Nicaragüense ha asumido la narrativa oficial que insiste en que el Gobierno fue víctima de un intento de golpe de Estado en 2018 y acusa a los manifestantes de terroristas.

Este viernes 13 de agosto mientras se daba el allanamiento del diario La Prensa este órgano no se pronunció, ni ha iniciado procesos de investigación por los delitos cometidos por el Estado que, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidencian la comisión de crímenes de lesa humanidad.