Redacción AP
La presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores y
Defensores de Derechos Humanos y también Defensora de los Habitantes de Costa
Rica, Catalina Crespo, exigió a la Procuraduría de Derechos Humanos de
Nicaragua “actuar en favor de las personas y no ser cómplices del Gobierno ni
de sus actos de represión en contra del pueblo nicaragüense” en un comunicado emitido ayer viernes 13 de agosto.
La Defensora de Costa Rica recordó a sus
homólogos nicaragüenses "que los Tratados Internacionales en materia de Derechos
Humanos, suscritos por la República de Nicaragua, imponen a esa Procuraduría el
deber de proteger a las y los nicaragüenses de todo acto de violencia
institucional, ejercida desde las más altas esferas del Gobierno nicaragüense,
de conformidad con los estándares internacionales de protección de los Derechos
Humanos”.
Crespo, es también la presidenta del Consejo Centroamericano
de Procuradores y manifestó que “la detención de líderes políticos opositores y de
todo aquel que manifieste opiniones políticas disidentes al régimen del presidente
Ortega constituye una flagrante violación a los derechos humanos de las
personas nicaragüenses, por lo que su Institución Nacional de Derechos Humanos,
a través del más sonoro silencio, no puede ni debe cohonestar tales actos”.
La Procuraduría de Derechos Humanos Nicaragüense ha asumido
la narrativa oficial que insiste en que el Gobierno fue víctima de un intento
de golpe de Estado en 2018 y acusa a los manifestantes de terroristas.
Este viernes 13 de agosto mientras se daba el allanamiento
del diario La Prensa este órgano no se pronunció, ni ha iniciado procesos de
investigación por los delitos cometidos por el Estado que, según informes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidencian la comisión de crímenes
de lesa humanidad.
Nuestras Plataformas