Foto: Ministerio de Asuntos Exteriores de España


Redacción AP

“Graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones, así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales”. De este modo ha calificado hoy el Gobierno de España el comunicado nada diplomático que emitió ayer el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con no pocos insultos e improperios y al que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha respondido de manera contundente llamando a consultas a la embajadora de España en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacios.


El Gobierno de España ha rechazado así, “de manera tajante”, la nota remitida por la Cancillería nicaragüense en la que con un estilo lleno de errores gramaticales y sin ningún pudor diplomático se acusa al país europeo de carecer de "autoridad moral" y lo señala como culpable de "tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad, que no confiesan, pero que todo el mundo conoce, y condena". Así, desde Managua, se culpa a España, y en particular al gobierno socialista, de una “cínica y continua, intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos”, algo que consideran impropio de gobiernos democráticos, aunque se refieren a España como un régimen “que incumple” continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia".


El ministro de Asuntos Exteriores (canciller) español, José Manuel Albares, insiste en la nota en la que anuncia la llamada a consultas de la embajadora, en que las decisiones adoptadas por el régimen de Nicaragua para impedir la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre, junto con la aprobación de “un marco legal regresivo”, “eliminan” las garantías del proceso electoral y “privan de credibilidad a sus resultados”.


Además, Albares exige al régimen de Ortega y Murillo que cumpla con los compromisos  internacionales adquiridos en materia de derechos humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política.


Este paso dado por el Gobierno de España viene a sumarse a la escalada de rechazo internacional en los últimos días provocado por las acciones del régimen nicaragüense con las que ha dinamitado el proceso electoral. Las advertencias desde la comunidad internacional, cada vez más serias y contundentes, no parecen que hagan reflexionar a Ortega y Murillo. Ambos continúan adelante con su hoja de ruta represora que les llevará a una reelección en unos comicios sin competencia, pero no sin consecuencias. Y es que la situación en la que puede quedar el país después del 7 de noviembre puede ser de extrema complejidad si, como ya apuntan algunas voces desde el Parlamento Europeo, no se reconoce el resultado electoral al considerarse viciado y fraudulento.