Miguel Mora durante conferencia de prensa en Managua, el 13 de diciembre de 2019. (Foto de Inti OCON / AFP).


Redacción AP

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó nuevas medidas cautelares a favor de Miguel Mora Barberena, tras considerar que está en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Miguel está detenido e incomunicado. Vive riesgos particulares por su perfil de periodista y su intención de participar en las votaciones nacionales como candidato presidencial.

En su comunicado público la CIDH recordó que Miguel Mora fue beneficiario de medidas cautelares y urgentes entre 2018 y 2019. Pero continuaba siendo objeto de seguimientos, hostigamientos e intimidaciones de la policía, y personas afines no identificadas o paraestatales. Mora fue agredido por motorizados en presencia policial, quienes no habrían adoptado medidas frente a la agresión, en octubre de 2020. La situación de riesgo a que ha enfrentado Mora se ha mantenido en el tiempo.

Miguel Mora fue de nuevo en junio pasado detenido, desconociéndose su paradero por unas 24 horas. Los familiares no sabían dónde se encontraba y durante un mes no lograron información oficial de su situación. Si bien el Estado respondió a la solicitud de la CIDH al respecto, la información no contravenía los hechos ni permitía analizar cómo se protegían sus derechos.

De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Nicaragua adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas detenidas, asegurar que sus derechos sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

Asimismo la CIDH demandó informe del paradero oficial de Miguel Mora Barberena y sus condiciones de detención, adecuándolas a los estándares internacionales; a fin de verificar su situación, que se facilite a Miguel acceso de sus representantes legales y visitas familiares.

También que concierte las medidas con Mora y sus representantes; “e informe de las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición”.

La presente medida cautelar y su adopción por el Estado no constituye un prejuzgamiento a una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano de una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables, concluye la CIDH.