Portada del libro Mujeres Montañas

Redacción AP

Un total de 26 actividades diversas se desarrollaron durante la Semana de Género o Semana de la Igualdad de Oportunidades realizada entre el cuatro y el diez de Julio, en San Salvador, El Salvador, nos informó Alejandra Burgos de la Red Salvadoreña de  Defensoras de Derechos Humanos.

Entre las acciones desarrolladas destacan la exposición fotográfica “Justicia y Esperanza: Manuela y Beatriz en las luchas feministas” centrada en las protestas públicas ante la negación del Estado de garantizar a dos salvadoreñas el derecho a buena atención médica.

Manuela era rural, empobrecida, no sabía leer ni escribir. Tenía dos hijos, de 9 y 7 años, y era jefa de hogar. Llegó al hospital envuelta en una hamaca con una hemorragia severa y síntomas de preclampsia. En lugar de recibir atención de urgencia fue interrogada, posponiendo su atención médica tres horas. Al día siguiente fue interrogada por agentes policiales, acusándola de haber matado a su hijo. La esposaron a la camilla siete días, mientras recibía insultos del personal médico.

El Tribunal que conoció el caso de Manuela la condenó a 30 años por homicidio agravado. A su criterio, el “instinto maternal” debió haberla llevado a buscar ayuda, aun desmayada, desangrándose e inconsciente. El Estado falló en su obligación de brindarle un examen integral. Un año después de encarcelada le diagnosticaron cáncer, Linfoma de Hodgkin, pero la quimioterapia fue tardía. Cuando su salud empeoró fue trasladada a un hospital donde permaneció engrilletada y custodiada. Falleció el 30 de abril de 2010.

El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista por el Desarrollo presentaron en 2012 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, denunciando el caso. En julio de 2019, la CIDH lo sometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), siendo el primer caso del impacto de la prohibición absoluta del aborto y la criminalización de las mujeres que sufren emergencias obstétricas por delitos que no cometieron.

“El Salvador tiene uno de los marcos legales más restrictivos del continente americano en materia de aborto. Desde 1998 el acceso a este servicio está penalizado en todas las circunstancias” señala el Centro de Derechos Reproductivos. En 1999 la Constitución Política de este país reconoció como persona a todo ser humano desde el instante de la concepción.

Entre los años 2000 y 2019 se identificaron 181 casos de mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y fueron criminalizadas por aborto o por el delito de homicidio agravado, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Desafiando el estigma

Durante la Semana de Género también se realizó la presentación del mini-documental “Desafiando el estigma” centrado en las historias de vida de mujeres transgénero que son ejemplo para otras por su perseverancia para enfrentar la discriminación que muchas veces propicia la sociedad. La actividad fue organizada por la Colectiva Feminista, la Organización que lucha a favor de los derechos mujeres transexuales y la comunidad LGTBI, COMCAVIS Trans y Asociación para impulsar el desarrollo humano ASPIDH Arco Iris Trans.

Dicho documental contaba en la voz de sus protagonistas la historia de tres mujeres trans, que han logrado trascender, estudiando y en algunos casos poniéndose al frente de negocios, constituyéndose en historias que inspiran. 

Agresiones a defensoras y a periodistas

Una actividad igualmente importante fue la presentación, en la ciudad Suchitoto, capital de la cultura de El Salvador, del informe especial: Agresiones contra personas defensoras y periodistas en el contexto de COVID-19 en El Salvador, 2020, resultado de un estudio realizado la Red de Defensoras, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS). Un equipo integrado por una persona de cada institución estuvo a cargo de la redacción del mismo.

El estudio se enmarca en el contexto de la emergencia sanitaria generada por la pandemia en el 2020, y de la situación de derechos humanos que se agudizó en dicho país, por medidas estatales que limitaron derechos como la libertad de prensa y de circulación.

“La militarización y paramilitarización se profundiza cada vez más en los países de la región” reconoce el informe, y agrega que “se profundiza el modelo extractivista en donde la lucha por el control de los bienes naturales y territorios continua con el respectivo efecto de violencia, despojo, desplazamiento forzado y represión contra comunidades entera, sobre todo indígenas, campesinas y afrodescendientes. Existen fuerte movilizaciones en favor del derecho al agua y a la tierra, con fuerte represión y violencia del Estado y las empresas, en Honduras, El Salvador, Guatemala y México, se señala.

Las agresiones contra periodistas son cada vez más comunes en El Salvador, como en varios países de Centroamérica, léase Honduras y Nicaragua. Son descalificados por funcionarios públicos y seguidores de los partidos políticos, y en algunos casos de la misma población.

Señala el documento que “el mismo Ejecutivo desacredita la labor informativa de algunos periodistas” como ocurre casi cotidianamente en Nicaragua, donde la vicepresidenta Rosario Murillo ha endilgado diferentes epítetos al periodismo en sus alocuciones diarias por medios oficialistas.

Los hallazgos del estudio salvadoreño fueron presentados por Flor Meléndez de la Red Salvadoreña de Defensoras. Esto nos dijo en entrevista realizada por la periodista Vanessa Cortez:


Vanessa también conversó con Isabel Gaitán acerca de las motivaciones de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) para participar en estudios de esta naturaleza:



Isabel indica que los datos que arroja el estudio les permitirán a la Asociación conocer la situación en el gremio periodístico y apoyarlo. La periodista Cortez también preguntó por los descubrimientos de la investigación desde la perspectiva de las y los periodistas.



Como indica Isabel Gaitán, el acoso digital fue más frecuente hacia las periodistas. Tal fue el caso de Karen Fernández, de la revista Focos TV, objeto de acoso digital después que el precandidato a diputado por el partido Nuevas Ideas, al que pertenece el presidente Nayib Bukele, publicara un twitt denigrando su profesionalismo.

Algunas periodistas enfrentan tensión emocional a raíz del acoso digital u otro tipo de vulneraciones, refiere el estudio. Cuando los periodistas denuncian públicamente, inmediatamente reciben acosos digitales, amenazas y ofensas, que se han impulsado desde el Ejecutivo señala el mismo documento.

Del total de casos monitoreados, el 47.2% son mujeres y 25.9% hombres en los casos individuales también se consideró casos colectivos con porcentaje del 26.8.

Los perpetradores de agresiones con más denuncias son:

*     21% funcionarios públicos (Ministro de Trabajo, Secretario de Prensa de la Presidencia, Presidente de la República; funcionarios de Gobierno, de Instituciones Públicas y empleados públicos)

*     17% desconocidos

*     15% fuerzas de seguridad

*     12% seguidores de partidos políticos (simpatizantes del partido político Nuevas Ideas y del presidente Nayib Bukele

 El funcionariado estatal o público trató de restringir el ejercicio periodístico desde el inicio de la cuarentena. Se dieron bloqueos al acceso a la información por el Ministerio de Salud, restricciones a la cuenta del presidente Bukele quien hacía vocería durante la pandemia, limitando el libre acceso a la información pública y libertad de prensa. También se practicaba el ciberacoso, la intimidación, las amenazas y las descalificaciones.

 Las fuerzas de seguridad estatal fueron también actores de violaciones a la libertad de prensa al restringir el oficio periodístico, hacer uso de amenazas y fuerza excesiva. Tales actuaciones también ocurren en Nicaragua y en Honduras.

 En cuanto al tipo de acciones, el 70% fueron ataques digitales, el 18% hurtos y el 6% femicidios.

 En las recomendaciones, el informe señala la necesidad que la Procuraduría General de la República asigne representación legal para atender casos relacionados a las vulneraciones contra personas defensoras de derechos humanos. A su vez, la Fiscalía General de la República debería crear una unidad especializada de atención a agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos; y tanto la Fiscalía como la Policía Nacional Civil  deberían ejercer su labor de prevenir e investigar agresiones que atentan con la integridad del periodismo y defensores de derechos humanos.

 Mujeres-Montaña

 En el curso de la Semana de Género, narra la periodista  Vanessa Cortez, se presentó la segunda edición del libro Mujeres-Montaña escrito por Norma Vázquez, Cristina Ibañez y Clara Murguialday, el cual muestra las experiencias de las exguerrilleras y excolaboradoras del Frente Farabundo Martí (FMLN).

 En un pequeño hostal, muy concurrido por poseer una hermosa vista al lago Suchitlán, un embalse construido con recursos del Banco Mundial en Suchitoto, un nutrido grupo de mujeres de todas las edades concurrió a escuchar la presentación. Morena Herrera y Gloria Castañeda (La Chata) compartieron sus memorias e historias.

 Cuenta Vanessa que una sugerencia fue manifestada por varias participantes fue realizar una presentación con las hijas de las exguerrilleras, para conocer sus impresiones y sus puntos de vista.

 Mayor diversidad

 La Segunda semana de Género fue co-organizada por la Embajada de Francia, la Iniciativa Spotlight, lo cual generó participación y actividades organizadas por las distintas agencias de Naciones Unidas y en algunos casos, junto a COMCAVIS Trans, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

 En el desarrollo de las actividades participaron otras actoras tales como el Servicio Social Pasionista(SSPAS), TVTodas, la Asociación de Periodistas de El Salvador(APES), la Alianza Francesa,  ASPIDH - Arcoiris. Así como la compañía de Teatro Azoro.

 Alejandra Burgos de la Colectiva Feminista y de la Iniciativa de Defensoras de El Salvador, valoró que esta segunda edición de la Semana de Género “contó con más actividades que la primera -realizada en diciembre de 2020 en el marco del Día de los Derechos Humanos- y logró un programa diverso para atraer públicos distintos y llevar el reconocimiento de la necesidad de resistencia frente a la amenaza de los derechos humanos ganados y de avanzar en materia de derechos para todas las personas”.

 Para Burgos esta segunda experiencia “permitió dar voz en diversos espacios -virtuales y presenciales- a personas que compartieron historias y experiencias que inspiran, llenan de esperanza e interpelan el contexto en el cual se ha incrementado los ataques desde la masculinidad hegemónica enquistada en el Estado contra las voces críticas”.