Altar Maya Chorti en las afueras de la CSJ de Honduras pidiendo justicia por Berta Cáceres | Fotografía cortesía COPINH

Redacción AP

La Sala I del Tribunal Sentencia Nacional de Honduras dio lectura del fallo en la causa instruida para David Castillo Mejía, a quien se le encontró culpable del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.

Mientras se desarrolló la audiencia, decenas de personas se manifestaron en las afueras de la Corte Suprema de Honduras a la expectativa del fallo para David Castillo, considerado uno de los autores intelectuales del crimen, ocurrido el 2 de marzo de 2016.

El fallo fue notificado por el Tribunal de Sentencia "por unanimidad de votos" y la pena de prisión a la que será sentenciado Castillo se conocerá el próximo 3 de agosto, afirmó a periodistas la portavoz del poder Judicial, Lucía Villars.

Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), fue condenado como "coautor intelectual" del asesinato de la ambientalista de la etnia lenca y puede enfrentar una pena de entre 20 y 25 años, agregó.

Con la condena a uno de los autores intelectuales, falta juzgar al gerente de la empresa de la familia Atala Zablah, que ella mismo denunció por corrupción.



Durante el juicio, la intervención y escuchas telefónicas fueron una de las piezas claves del Ministerio Público (MP) para demostrar la culpabilidad de Castillo en la muerte de la ambientalista.

La culpabilidad de Castillo fue calificada por la Fiscalía como “un histórico fallo de culpabilidad de juicio oral y público”.

El Ministerio Público informó que “se reitera que la presente causa aún sigue abierta y se trabaja en identificar otros autores intelectuales involucrados en el asesinato de la activista de derechos humanos”.

"De la prueba evacuada en el debate, durante dos meses, la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional consideró que la extracción y vaciado de información en dispositivos celulares del imputado y otros involucrados fue lo suficientemente reveladora para establecer que Castillo ordenó la muerte de Cáceres".


Esto sería parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca", estableció en un comunicado de prensa la Fiscalía.

En diciembre de 2019 un tribunal de Honduras condenó a cuatro de ocho acusados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.

Cáceres se enfrentó a DESA por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.