La represión, el recrudecimiento de los fundamentalismos religiosos, el exilio forzado, el desempleo y la pobreza, colocan a lesbianas, homosexuales y personas trans en una situación de mayor vulnerabilidad. Foto: Cadena Ser


Redacción AP

La crisis generalizada de derechos humanos que vive el país desde abril del 2018 se ve agravada por la total impunidad por lo que las minorías sexuales han estado expuestas a una mayor violencia.

El Observatorio de violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ en Nicaragua, integrado por el programa feminista La Corriente, la Asociación Nicaragüense de Mujeres Transgéneras (ANIT), el Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, el Grupo de Mujeres Sacuanjoche, ARTEMISA (Grupo  Lésbico Feminista) y la Iniciativa desde la Diversidad Sexual por los Derechos Humanos (IDSDH), presentó un informe semestral cuyo período comprendido es entre enero y junio de 2021, donde se documentan las agresiones que han sufrido las personas del colectivo LGTBIQ+.

En el período analizado - primer trimestre de 2021 -, se registran 43 casos de discriminación y violencia, de los cuales 40 son agresiones, un asesinato por crimen de odio, y dos suicidios.

El primer caso de violencia que registra el Observatorio es el asesinato atroz, en el municipio de Somotillo, departamento de Chinandega, de Kendra Contreras, una mujer trans de 22 años conocida como Lala quien fue amarrada a un caballo y arrastrada hasta morir. La Fiscalía de Chinandega acusó y condenó a prisión perpetua por el delito de asesinato agravado a Bernardo Arístides Pastrana Ochoa, de 29 años y a Jorge Luis Mondragón Acosta de 25 años, quien fue testigo del crimen y no hizo nada para evitarlo.

Los tipos de violencia identificadas en el informe son violencia psicológica como agresiones verbales, ofensas, humillaciones, acoso, hostigamiento, amenazas de agresión y muerte, estigma y discriminación, burlas, expulsión de centros recreativos. La violencia digital se ve manifestada en violación a la privacidad y la difusión masiva de fotos de contenido sexual en redes sociales, así como  publicación de fotografías donde se les exponen como portadoras y propagadores de VIH.

Otra forma de ataques a la comunidad LGTBIQ+ es la violencia sexual, como haber sido acosados  sexualmente en espacios públicos, a las mujeres trans se les ha amenazado con mutilarles sus genitales o les han intentado violarlas en la vía pública. “En una de las situaciones que documentamos, una mujer trans trabajadora sexual fue violada por 5 hombres desconocidos, quienes con cuchillo en mano la amenazaron con matarla y tirarla a un barranco si ponía resistencia, también le robaron el dinero que había ganado durante la noche y sus pertenencias”, se explica el documento.

También han sufrido robos e intimidación agravada por razones de identidad de género y orientación sexual. En su mayoría, son mujeres trans trabajadoras sexuales quienes han sido víctimas de la inseguridad y la impunidad.

El rechazo de las familias lo han vivido al ser expulsadas violentamente de sus casas. La violencia física ha conllevado recibir empujones, golpes, patadas en el cuerpo, lanzamiento de baldes con agua, lesiones por caídas en intento de escape, corte de cabello forzadamente, patadas en el estómago, entre otros.

Personas del colectivo LGTBIQ manifiestan que en el trabajo han vivido discriminación sin ningún que las personas que han incurrido en ello reciban ningún tipo de sanción. Por otro lado, se incumplen acuerdos sobre montos de pago de salario, garantías para el seguro social, malos tratos, entre otros.

Pese a que ha habido avances en materia de leyes que prohíben la discriminación por razones de género y orientación sexual, aún falta mucho para reconocer que son parte de los derechos humanos. La Constitución Política de Nicaragua República, en el Titulo IV establece que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección”. Por su parte el Código Penal vigente reconoce que la discriminación es un delito contra los derechos y garantías constitucionales de las personas. El artículo 427 prohíbe la discriminación por motivos de raza, género, orientación sexual, discapacidad, idioma o condición social, y el artículo 428 penaliza a quien promueve la discriminación, en tanto el artículo 315 castiga con prisión de 6 meses a un año a quien discrimine por opción sexual en el ámbito laboral.

Sin embargo, las víctimas no denuncian por desconfianza en la Policía Nacional, como es el caso de 18 personas registradas por el observatorio. A su vez, nueve personas no denunciaron por burlas en las estaciones policiales, tampoco cinco personas denunciaron por miedo a represalias.

La organización constató que tres mujeres trans sufrieron violencia política hechos que se manifestaron a través de asedio y persecución a sus domicilios, toma de fotografías e interrogatorios por parte de policías orteguista al salir de actividades. Se les ha encarcelado en prisiones para hombres donde han tenido que soportar tortura psicológica y física.

Karelys de la Vega participó en marchas antigubernamentales en 2018 y 2019, y como consecuencia, ha sido víctima de asedio y amenazas constantemente, lo que ha generado limitaciones para recuperar su vida laboral. “Cuando accede a un servicio público o permanece bajo vigilancia en su casa de habitación, afectando directamente un proyecto de comedor infantil comunitario que ella impulsa”, detalla el observatorio.

Kisha López, orginaria de Diriamba, Carazo, presa política durante 11 meses, liberada en 2019, fue acusada de financiamiento al terrorismo. Su casa de habitación fue allanada por policías y paramilitares, siendo víctima de robo de una motocicleta. Actualmente enfrenta múltiples dificultades para recuperar su actividad económica.

Celia Cruz, originaria de Moyogalpa, Isla de Ometepe fue encarcelada se dio en octubre de 2019, por poner música “vandálica” en protesta contra la violencia estatal. La segunda vez fue el 21 de abril de 2020, siendo acusada por los delitos de secuestro extorsivo, obstrucción de funciones y daño agravado. Fue encarcelada en el Sistema Penitenciario “La Modelo”, una cárcel para hombres, donde sufrió amenazas de muerte, contantes burlas y humillaciones por ser mujer trans. Celia después de ser liberada, vive con secuelas emocionales y desatención de su salud física.

Las respuestas de quienes administran justicia y otras entidades gubernamentales son deficientes. Las organizaciones que componen el Observatorio señalan que hay casos que cuando se denuncia ante la Policía, se archivan. Y si una víctima denuncia, no se le cree, en ocasiones se detiene. Se documenta un caso en el que se abrió un proceso legal en su contra.

Las identidades de las víctimas que se constata el documento son 23 son mujeres trans; 11 homosexuales, 6 mujeres lesbianas; 2 hombres bisexuales; en un caso no se obtuvo información sobre la identidad sexual y de género. Los municipios donde ocurrieron las agresiones fueron Managua Managua (25) Ciudad Sandino (1); Masatepe (1); Diriamba (1); Matagalpa (3); Esquipulas (5); San Ramón (1); Chichigalpa (1); Somotillo (1); León (3); la Isla de Ometepe/ Moyogalpa (1).

Parte de los objetivos de la creación del Observatorio es dar a conocer situaciones específicas de discriminación y violencia contra lesbianas, homosexuales, bisexuales, intersexuales y personas transgénero en Nicaragua, así como documentar actos de violencia, acoso, violación, discriminación, asesinatos, entre otros, que afectan directamente la integridad y la vida de lesbianas, homosexuales, bisexuales, intersexuales y personas trans.