Asamblea Nacional de Nicaragua. Foto: tomada de internet

Redacción AP

Este miércoles 28 de julio el parlamento nicaragüense controlado por el régimen de Daniel Ortega oficializó la cancelación de la personería jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales de las cuales 15 de ellas son organizaciones médicas, porque según los diputados, al servicio del régimen, están acéfalas y han incumplido con su obligaciones ante el Estado de Nicaragua.

El Ministerio Público señaló que las 24 organizaciones han desarrollado actividades contraviniendo lo establecido en la Ley 997, Ley de Activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva y su reglamento, la Ley General sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y la normativa del Departamento de Asociaciones.


La medida aprobada con 72 votos a favor de la bancada del FSLN y aliados de ésta, es considerada como una represalia en contra del gremio médico que ha denunciado las anomalías sobre el manejo de la pandemia del Covid-19 en el país. Al menos 15 de las 24 organizaciones a las que se les canceló  son asociaciones médicas como la Asociación Medica Nicaragüense (AMN), en la que médicos han brindado atención médica a la ciudadanía. 

En marzo pasado la AMN demandó al régimen de Ortega la vacunación inmediata contra el Covid-19 al personal médico quienes han estado en primera línea para combatir la pandemia y no fueron incluidos en el primer grupo de personas para ser vacunados. La organización gremial manifestó que el Ministerio de Salud realizaba con la vacunación proselitismo político.

Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + quien estuvo en nuestra edición del lunes 26 de julio, manifestó que el régimen lo que pretende es seguir minando la participación política del pueblo nicaragüense.

Los bienes y activos que pertenezcan a estas organizaciones pasarán a ser propiedad el Estado, si en sus estatutos no se contempla liquidación liquidación previa, ni se establece el destino sobre ello.

Amaru Ruiz de la Fundación del Río e integrante de la Plataforma de redes de oegenés denunció que en Nicaragua existe una estrategia político partidaria para argumentar incumplimiento a las leyes, especialmente la ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.