Nicaragüenses en una concentración en Madrid en Plaza Colón


Tamara Morales O.


La red estatal de organizaciones y plataformas sociales para el Desarrollo en España, se suma a la condena firme de entidades estatales, la Unión Europea y organizaciones de la sociedad civil  ante la nueva embestida del régimen de Daniel Ortega en contra de partidos de oposición, medios de comunicación independientes, defensores de derechos humanos, organizaciones de mujeres y feministas, y la sociedad civil, incluidos los candidatos presidenciales y líderes de la oposición.

Las organizaciones de sociedad civil que trabajan en el ámbito del desarrollo, la solidaridad internacional, la acción humanitaria, y la defensa de los derechos humanos, menciona que el uso político del sistema judicial contra la oposición así como la no separación de los poderes del Estado, "son contrarios a los principios democráticos básicos, lo que constituye una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense bajo la Constitución y el Derecho Internacional".

Las acciones que el régimen ha emprendido las últimas dos semanas, demuestran la poca credibilidad al proceso electoral, el que ha sido "obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las Misiones de Observación Electoral de la OEA y la UE, y que no fue el resultado del diálogo entre el gobierno y la oposición". Asimismo, demuestran "la escasa voluntad del gobierno de Nicaragua de buscar una salida pacífica a la grave crisis institucional y de los derechos humanos en la que se encuentra sumida el país desde abril de 2018, cuando el gobierno reprimió violentamente las protestas pacíficas contra su gestión", detallan.

Pedro Sánchez a Ortega: "que juegue limpio"

Durante su vivista a Costa Rica la semana pasada, el jefe de gobierno español Pedro Sánchez, pidió a Ortega que "juegue limpio a través de elecciones libres". A su vez, solicitó la liberación de las personas presas políticas, incluyendo a los cuatro aspirantes a la presidencia quienes están detenidos ilegalmente. A su vez, afirmó que España y la Unión Europea comparten la misma posición sobre la crisis de Nicaragua, "el compromiso del bloque es firme en la defensa de los derechos, las libertades y los valores democráticos"

Ante el deterioro constante de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, la coordinadora solicita la liberación inmediata de los precandidatos presidenciales, líderes opositores y demás presos políticos, así como garantizar el respeto por sus derechos humanos y derechos civiles y políticos.

A su vez, consideran que el régimen debe cumplir con las recomendaciones de la comunidad internacional “para la celebración de unos comicios con plenas garantías de derechos humanos en un proceso electoral creíble, inclusivo y transparente sin injerencias o coacciones por parte de las autoridades actualmente en el gobierno. Asimismo, la derogación de las leyes punitivas que atentan contra la libertad de expresión y de manifestación pacífica y otros derechos fundamentales.

Poner fin al hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil y líderes sociales, así como la entrada de organismos internacionales y el retorno de los organismos nacionales de derechos humanos para hacer un seguimiento de la situación en el país, es parte de sus demandas sin olvidarse de la liberación de las 125 personas privadas de libertad por el régimen.

En la lista de sus demandas está la eliminación del estado policial en el que vive el país, que en coordinación con paramilitares asedian a quienes piensan diferente a Ortega. Para la red española, es urgente facilitar la protección internacional de las personas defensoras de los derechos humanos víctimas persecuciones y hostigamientos. Señalan que se “deben revisar los acuerdos de asociación con el país en clave de derechos humanos para evitar legitimar las actuaciones de un gobierno que no tiene voluntad de cumplir con sus obligaciones internacionales o su propia constitución política”.

Por último, hacen un llamado a la Unión Europea y especialmente al Gobierno de España para que condenen estas acciones que dificultan los procesos democráticos en Nicaragua, de participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos. Piden que se realice toda la presión diplomática para que acaben las violaciones de derechos humanos en el país.

“En concreto, pedimos al Gobierno de España, piden supervisar el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos en el país”