Ana Quirós, directora de CISAS y defensora de Derechos Humanos y Juan Diego Barberena, abogado e integrante de la UNAB


Mirna Velásquez Sevilla

Llevar al país a una situación límite para forzar una negociación es lo que podría estar detrás de las intenciones del gobierno de Daniel Ortega al descabezar a la oposición nicaragüense, con el encarcelamiento de las principales figuras opositoras, a través de la ejecución de la denominada “Operación Danto”. Esta es la lectura que ha hecho del panorama político actual Ana Quirós, activista feminista, defensora de Derechos Humanos y exiliada política, en una entrevista con Agenda Propia.


Para los sandinistas en el gobierno traer la operación “Danto 88” a la actualidad como referencia histórica, tiene mucho simbolismo por tratarse de la mayor ofensiva militar realizada por el ejército sandinista para debilitar a la “Contra” en 1988. Pero el enemigo, esta vez, es distinto, opina Quirós. Tiene una característica muy importante y diferente. 


Antes (los sandinistas) “estaban tratando con una estructura piramidal y además una estructura de carácter militar político (sin embargo) en este momento ellos están lidiando con muchas fuerzas políticas, con muchas cabezas y muchos liderazgos, muy diversos, lo que no sucedía en los años 80, entonces ellos no saben cómo manejar estas cosas realmente”, afirmó.


¿Pero qué querría negociar Ortega y con quién? Para el abogado Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, el objetivo es generar una asimetría tal que permita llegar a un punto medio de negociación directa con Estados Unidos, con el fin de atenuar la sanciones impuestas por el gobierno norteamericano a muchos de los miembros del gobierno y de la familia Ortega Murillo.


Otra de las teorías es desmotivar a la población de forma que no participe en las elecciones generales de noviembre de 2021 y, en consecuencia, Ortega simule unas elecciones sin sorpresas, donde se enfrente a candidatos con poca credibilidad y poco peso político.

 

MÁS DE 120 AÑOS DE RETROCESO EN MATERIA DE JUDICIAL


La represión en Nicaragua se recrudeció en las últimas semanas con la detención de cuatro precandidatos presidenciales, personalidades empresariales y reconocidas figuras políticas del país; lo que ha generado el rechazo internacional.

 

La base ‘legal’ sobre la que se sustenta el régimen para encarcelar a los candidatos y candidatas opositores y quienes le adversan, está en dos leyes que desde su nacimiento fueron consideradas inconstitucionales por violar claramente  los derechos fundamentales establecidos en la Constitución política nicaragüense: la Ley 1055, Ley de Defensa por los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz y La Ley de Reforma del Código Procesal Penal.


El abogado Barberena, explicó que la Ley 1055, además de ser inhibitoria porque vulnera los derechos políticos y el derecho a elegir y ser electo, está siendo instrumentalizada para realizar imputaciones penales con delitos como traición a la patria, apología para cometer actos terroristas y actos hostiles.


“La Ley de reforma del Código Procesal Penal (también) es una ley absolutamente inconstitucional y además ha involucionado el sistema de justicia penal por una razón; y es que el juez decreta hasta 90 días de prisión preventiva sin que haya una acusación, además la investigación es secreta y la audiencia es secreta. Esto significa un retroceso en el sistema, volviendo a los  procesos secretos donde solo el juez y las partes involucradas tienen derecho a conocer lo que está pasando, obviando así el principio de publicidad que establece el Código Procesal nicaragüense”, expuso Barberena Durante su participación en la edición de Agenda Propia, el martes pasado.


Para el experto lo más alarmante es el papel del Ministerio Público porque de acuerdo a sus funciones, debería ejercer la acción penal, pero en este caso no se determina. 


"¿Cómo es posible que un juez establezca la medida cautelar más gravosa que la prisión preventiva para darle el tiempo a una parte procesal para que investigue? Significa que su teoría del caso no existe, significa que los hechos y las imputaciones penales no están claras. Significa, en consecuencia, que no tiene una teoría del caso construida que le genera indicios a la autoridad judicial de que el imputado cometió el delito”, precisó Barberena.


El afán del régimen de eliminar a la posición a cualquier costo, le ha llevado a crear auténticas monstruosidades jurídicas, como resucitar el caduco Código de Instrucción Criminal, que data desde 1879 en Nicaragua. 


“Hemos involucionado más de 120 años con la aplicación de estas normas, es absolutamente represivo. Nosotros lo dijimos en su momento, es el derecho penal del enemigo, desde una perspectiva política. El Estado tiene una connotación eminentemente política para sancionar a los enemigos en los estados represivos y totalitarios”.


La reciente escalada represiva inició con el arresto de Walter Gómez y Marcos Fletes, ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro,  quienes dos semanas después de su detención no han sido acusados formalmente ni se les ha permitido comunicarse con sus familiares ni sus abogados.


Después de la detención de ambos han sido citados en la Fiscalía más de 50 personas, entre periodistas y directores de medios de comunicación críticos al régimen.