Mónica López y Amaru Ruíz representantes de Popol Na y Fundación del Río | Fotografías tomadas del Internet
 

Cristhian Alvarenga

La Fundación del Río y Fundación Popol Na,  denunciarán al régimen de Daniel Ortega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la confiscación de sus bienes y cancelación de sus personerías jurídicas en diciembre de 2018 que junto con una decena de organizaciones civiles en Nicaragua fueron acusadas de apoyar un fallido intento de golpe de Estado.

Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río dijo que la presentación de este caso ante la CIDH representa un paso trascendental en la defensa de sus derechos. Una vez recibida la denuncia, la CIDH las analizará y posteriormente podrá llamar a las partes a una audiencia. 

“No solo decimos que defendemos derechos sociales y ambientales, sino que estamos haciendo valer el derecho a defender derecho, sobre todo el de la libertad de asociación de nosotros y los nicaragüenses”, dijo Ruiz. 

La Fundación del Río sufrió la cancelación de su personería jurídica por los 70 diputados sandinistas en la Asamblea Nacional en diciembre de 2018 a solicitud del Ministerio de Gobernación, que acusó a esta y otras organizaciones de “apoyar el fallido intento de golpe de Estado”, como califica el régimen a las protestas sociales de abril del 2018. 

Mientras tanto Mónica López Baltodano, directora de la Fundación Popol Na manifestó que “la petición o demanda internacional que hoy estamos presentando ante la CIDH, en medio de este mar de graves violaciones a los derechos humanos que sufre la población nicaragüense, se reviste de importancia por haber logrado documentar y demostrar, incuestionablemente, los síntomas y consecuencias del letal virus del régimen de los Ortega-Murillo y su intento de enterrar, asfixiar y desaparecer a la sociedad civil, la democracia y sus derechos”.

En agosto de 2020, a Fundación del Río, que existe desde 1990, el régimen de Ortega le confiscó, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), seis de sus propiedades. En total, el régimen les quitó 454 manzanas de bosques que corresponden a dos terrenos rurales, donde existían áreas de reforestación y regeneración natural. 

“El régimen nos trató de callar, por mantener una posición firme en contra de la destrucción ambiental del Lago Cocibolca con el proyecto del canal interoceánico bendecido por el régimen y la empresa privada”, recordó Ruiz. 

Fundación del Río fue la organización que denunció las dimensiones reales de un incendio que ocurrió en abril de 2018 en la reserva natural Indio Maíz, y que provocó la pérdida de 5945 hectáreas de bosque virgen.

Baltodano por su parte, expresó durante la conferencia de prensa que, con esta demanda se demuestra cómo se han ido extinguiendo todos los derechos ciudadanos en Nicaragua, además que prueban cómo la represión y el uso indiscriminado de las leyes orteguistas han minado las libertades públicas en el país. 

Wendy Flores, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, afirmó que con esta denuncia la CIDH podrá declarar la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación a los derechos establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

Ambas organizaciones interpusieron un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, tanto por la cancelación de sus personerías jurídicas como por la confiscación de sus bienes. 

Conferencia de prensa completa