 |
| Fotografía tomada del Internet |
La EU-LAT Network, una red de 40
organizaciones europeas de derechos humanos y desarrollo, ante los índices altos
de violencia contra personas defensoras, hacen un llamado a la Unión Europea a mantener
su papel como observador internacional en derechos humanos, incrementar su voz
política en los diálogos formales e informales y aumentar los fondos de
cooperación al desarrollo con la región.
La red, a través de un comunicado,
manifestó su preocupación por el retroceso del Estado de Derecho y la
separación de poderes en algunos países latinoamericanos, así como el
detrimento del orden democrático y la aceleración del espacio para la sociedad civil.
Mencionan que las recientes
reformas electorales en Nicaragua, aprobadas por diputados orteguistas, amenazan con repetir
un fraude electoral en noviembre de este año, negando la posibilidad de una
salida pacífica y democrática a la grave crisis que vive el país, y mantendría
en el poder al actual régimen por tiempo indefinido.
A su vez, señalan que en marzo de
este año, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, “condenaron la agudización de la represión en el país, instando al Estado
de Nicaragua a combatir la impunidad y a buscar justicia para las víctimas de
violaciones de derechos humanos, considerando necesario que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales
sobre las múltiples formas de represión y violencia, incluidas las “presuntas”
ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el contexto de 2018 y denunciadas
anteriormente por varias organizaciones de derechos humanos. Un proceso
electoral puede permitir la transición hacia la salida de la crisis”.
Crisis de derechos humanos en América Latina
El debilitamiento del Estado de
Derecho en algunos países como El Salvador, Honduras, Guatemala, y Nicaragua,
ponen en peligro la independencia judicial dicen las organizaciones. En El
Salvador, por ejemplo, “el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa decidió
destituir los magistrados titulares y magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional
de la CSJ, así como el Fiscal General de la Nación, lo cual evidencia la
ruptura del sistema de pesos y contrapesos y una alta concentración de los
poderes públicos por parte del órgano ejecutivo, lo que representa un peligro
latente para los pilares del Estado de derecho”.
 |
| Fotografía de AP |
La negativa del gobierno
colombiano a establecer un diálogo incluyente y atender las
necesidades de protección a los Derechos Humanos de comunidades, manifestantes,
líderes y defensores de derechos humanos, han hecho florecer una crisis acumulada
y un estallido social sin precedentes en los últimos treinta años.
En México,
organizaciones de derechos humanos, periodistas y organismos internacionales
han sido blanco de difamaciones por parte de Andrés Manuel López Obrador. Señalamientos que solo contribuyen a una polarización social y estigmatización de la sociedad civil mexicana. Al mismo tiempo, indican que la militarización de la seguridad pública
continúa siendo la principal estrategia de seguridad del Estado Mexicano, aun
cuando desde el 2006, numerosos informes han cuestionado esta fórmula para
enfrentar las causas estructurales de la violencia.
Pandemia acelera desigualdades económicas
La Pandemia del Covid-19 ha
evidenciado la falta de políticas públicas de calidad en el sector sanitario y ha
incrementado las desigualdades económicas, de género y raciales, por lo que no
existe un acceso justo y equitativo a las vacunas. “Desde la Red EU-LAT se ha
hecho un llamado a la solidaridad, haciéndose eco de las declaraciones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “las vacunas deben ser un bien
público mundial y estar al alcance de todas las personas”, versa el
comunicado.
El impacto del COVID-19 ha
repercutido principalmente en las mujeres, los pueblos indígenas, y las
personas defensoras. “Según Naciones Unidas, el 54% de las mujeres trabajan en
la informalidad, lo que conlleva un incremento alarmante de la pobreza. Lejos de
hospitales y atención mediática, las personas indígenas enferman y mueren sin
acceso a los medios esenciales para protegerse. El 40% de hogares indígenas no
tiene acceso a agua. Las infraestructuras sanitarias son muy deficitarias: en
Perú, por ejemplo, apenas un 10% de las comunidades campesinas indígenas cuenta
con puestos de salud”.
 |
| Foto: Eu-Lat Netwrok |
Para la RED Eu-LAT debe ser una
prioridad para el continente la formalización del trabajo informal, para reducir
la pobreza, el acceso a la protección social. El trabajo digno tiene que prevalecer
con el pleno respeto de los derechos sindicales fundamentales (8 normas
fundamentales de la OIT).
Por otro lado, lamentan que se dé prioridad a las industrias extractivas en los planes de recuperación económica, actividades que representan un peligro ecológico significativo además de no brindar condiciones de trabajo digno para sus trabajadores. "Perú es considerado el cuarto país del mundo más peligroso para defensores de la tierra y líderes ambientales. La defensa del territorio por parte de comunidades indígenas contra diferentes economías de extracción como la maderera o minera, les está costando la vida".
Para ello, consideran que el papel de la Unión Europea como cooperante, apoyando a la sociedad civil y como observador internacional es crucial por lo que “debe adaptarse a la situación que impera en la región y buscar nuevas formas de acompañar procesos como observadores internacionales, si las condiciones sanitarias no permiten hacerlo de manera presencial, aprovechándose de las oportunidades de las nuevas tecnologías”.
Nuestras Plataformas