Fotografía tomada del Internet 


Tamara Morales 

La EU-LAT Network, una red de 40 organizaciones europeas de derechos humanos y desarrollo, ante los índices altos de violencia contra personas defensoras, hacen un llamado a la Unión Europea a mantener su papel como observador internacional en derechos humanos, incrementar su voz política en los diálogos formales e informales y aumentar los fondos de cooperación al desarrollo con la región.

La red, a través de un comunicado, manifestó su preocupación por el retroceso del Estado de Derecho y la separación de poderes en algunos países latinoamericanos, así como el detrimento del orden democrático y la aceleración del espacio para la sociedad civil.

Mencionan que las recientes reformas electorales en Nicaragua, aprobadas por diputados orteguistas, amenazan con repetir un fraude electoral en noviembre de este año, negando la posibilidad de una salida pacífica y democrática a la grave crisis que vive el país, y mantendría en el poder al actual régimen por tiempo indefinido.

A su vez, señalan que en marzo de este año, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “condenaron la agudización de la represión en el país, instando al Estado de Nicaragua a combatir la impunidad y a buscar justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, considerando necesario que se lleven a cabo  investigaciones independientes e imparciales sobre las múltiples formas de represión y violencia, incluidas las “presuntas” ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el contexto de 2018 y denunciadas anteriormente por varias organizaciones de derechos humanos. Un proceso electoral puede permitir la transición hacia la salida de la crisis”.

Crisis de derechos humanos en América Latina

El debilitamiento del Estado de Derecho en algunos países como El Salvador, Honduras, Guatemala, y Nicaragua, ponen en peligro la independencia judicial dicen las organizaciones. En El Salvador, por ejemplo, “el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa decidió destituir los magistrados titulares y magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, así como el Fiscal General de la Nación, lo cual evidencia la ruptura del sistema de pesos y contrapesos y una alta concentración de los poderes públicos por parte del órgano ejecutivo, lo que representa un peligro latente para los pilares del Estado de derecho”.

Fotografía de AP


Más al sur, en Colombia, las protestas ciudadanas ante unas reformas tributarias, han sido reprimida violentamente, desatando un caos y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Explican que “de acuerdo con la defensoría del pueblo, organizaciones internacionales de DDHH y medios, el trágico saldo a 7 de mayo es de 31 personas muertas en hechos que involucran abuso de la fuerza y armas de fuego contra civiles. Así mismo, la implementación del acuerdo de paz en el país ha sido empañada con la muerte violenta de 272 excombatientes en lo que pareciera ser una eliminación sistemática de los firmantes de la paz”.

La negativa del gobierno colombiano a establecer un diálogo incluyente y atender las necesidades de protección a los Derechos Humanos de comunidades, manifestantes, líderes y defensores de derechos humanos, han hecho florecer una crisis acumulada y un estallido social sin precedentes en los últimos treinta años.

En México, organizaciones de derechos humanos, periodistas y organismos internacionales han sido blanco de difamaciones por parte de Andrés Manuel López Obrador. Señalamientos que solo contribuyen a una polarización social y estigmatización de la sociedad civil mexicana. Al mismo tiempo, indican que la militarización de la seguridad pública continúa siendo la principal estrategia de seguridad del Estado Mexicano, aun cuando desde el 2006, numerosos informes han cuestionado esta fórmula para enfrentar las causas estructurales de la violencia.

Pandemia acelera desigualdades económicas

La Pandemia del Covid-19 ha evidenciado la falta de políticas públicas de calidad en el sector sanitario y ha incrementado las desigualdades económicas, de género y raciales, por lo que no existe un acceso justo y equitativo a las vacunas. “Desde la Red EU-LAT se ha hecho un llamado a la solidaridad, haciéndose eco de las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “las vacunas deben ser un bien público mundial y estar al alcance de todas las personas”, versa el comunicado.

El impacto del COVID-19 ha repercutido principalmente en las mujeres, los pueblos indígenas, y las personas defensoras. “Según Naciones Unidas, el 54% de las mujeres trabajan en la informalidad, lo que conlleva un incremento alarmante de la pobreza. Lejos de hospitales y atención mediática, las personas indígenas enferman y mueren sin acceso a los medios esenciales para protegerse. El 40% de hogares indígenas no tiene acceso a agua. Las infraestructuras sanitarias son muy deficitarias: en Perú, por ejemplo, apenas un 10% de las comunidades campesinas indígenas cuenta con puestos de salud”.

Foto:   Eu-Lat Netwrok


Para la RED Eu-LAT debe ser una prioridad para el continente la formalización del trabajo informal, para reducir la pobreza, el acceso a la protección social. El trabajo digno tiene que prevalecer con el pleno respeto de los derechos sindicales fundamentales (8 normas fundamentales de la OIT).

Por otro lado, lamentan que se dé prioridad a las industrias extractivas en los planes de recuperación económica, actividades que representan un peligro ecológico significativo además de no brindar condiciones de trabajo digno para sus trabajadores. "Perú es considerado el cuarto país del mundo más peligroso para defensores de la tierra y líderes ambientales. La defensa del territorio por parte de comunidades indígenas contra diferentes economías de extracción como la maderera o minera, les está costando la vida".

Para ello, consideran que el papel de la Unión Europea como cooperante, apoyando a la sociedad civil y como observador internacional es crucial por lo que “debe adaptarse a la situación que impera en la región y buscar nuevas formas de acompañar procesos como observadores internacionales, si las condiciones sanitarias no permiten hacerlo de manera presencial, aprovechándose de las oportunidades de las nuevas tecnologías”.