Walter Gómez (izquierda) y Marcos Fletes (derecha), extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.


Redacción AP

La cacería desenfrenada iniciada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por criminalizar a ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro al igual que a la prensa independiente no se detiene, la noche de este viernes 28 de mayo fue tensa, después de una semana de presiones judiciales al periodismo independiente y a Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios Chamorro (FVBCh).

A las nueve de la noche, la propia precandidata a la Presidencia denunció el secuestro de Walter Gómez y Marcos Fletes, antiguos financiero y contador de esa organización, respectivamente, lo que calificó como una “actuación tenebrosa”, que ocurre en el marco de la investigación que el régimen de Daniel Ortega realiza desde el 21 de mayo pasado por supuesto lavado de dinero a este organismo no gubernamental.

De acuerdo con los detalles relatados por Chamorro, durante una comparecencia realizada por Zoom, Gómez fue objeto de un operativo policial realizado en su vivienda en la Colonia El Periodista en Managua, donde la esposa le relató que un policía se acercó y le tocó una ventana para luego exigir que le abrieran la puerta, entraron y se lo llevaron, mientras un niño miraba horrorizado lo que ocurría.

“Las dictaduras tenebrosas actúan de noche para meter miedo, para intimidar a todas las familias”, dijo Chamorro al ofrecer detalles sobre las detenciones de Gómez y Fletes, el primero conducido a la Dirección de Auxilio Judicial según le confirmó la propia familia, mientras el segundo su paradero aún es desconocido.

Marcos Fletes, quien se encontraba en una casa de seguridad, fue atrapado cuando se dirigió a la Fundación Cantera. A él se le acercaron unas personas y se lo llevaron secuestrado.

La Fiscalía publicó un comunicado en el que resume su jornada de entrevistas a periodistas y extrabajadores de la Fundación —más de 20 hasta el cierre de esta nota– en calidad de testigos. Además, menciona que seguirán “llamando a todas aquellas personas que aparecen como beneficiadas” de la FVBCh.

Contradictoriamente, las autoridades dijeron en su comunicado que reconocen “el trabajo que realizan los hombres y mujeres de prensa. Respetamos los derechos y la libertad de expresión de conformidad con lo establecido en la Constitución”.

Esta posición oficial contrasta con las denuncias de los mismos periodistas que han cuestionado la intención política de las autoridades en el proceso de investigación y también con las propias actuaciones de este organismo, acusado por organismos internacionales de fabricar casos contra opositores.