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Walter Gómez (izquierda) y Marcos Fletes (derecha), extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. |
Redacción AP
La cacería desenfrenada iniciada por
el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por criminalizar a ex
trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro al igual que a la
prensa independiente no se detiene, la noche de este viernes 28 de mayo fue
tensa, después de una semana de presiones judiciales al periodismo
independiente y a Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta
Barrios Chamorro (FVBCh).
A las nueve de la noche, la propia
precandidata a la Presidencia denunció el secuestro de Walter Gómez y Marcos
Fletes, antiguos financiero y contador de esa organización, respectivamente, lo
que calificó como una “actuación tenebrosa”, que ocurre en el marco de la
investigación que el régimen de Daniel Ortega realiza desde el 21 de mayo
pasado por supuesto lavado de dinero a este organismo no gubernamental.
De acuerdo con los detalles relatados
por Chamorro, durante una comparecencia realizada por Zoom, Gómez fue objeto de
un operativo policial realizado en su vivienda en la Colonia El Periodista en
Managua, donde la esposa le relató que un policía se acercó y le tocó una
ventana para luego exigir que le abrieran la puerta, entraron y se lo llevaron,
mientras un niño miraba horrorizado lo que ocurría.
“Las dictaduras tenebrosas actúan de
noche para meter miedo, para intimidar a todas las familias”, dijo Chamorro al
ofrecer detalles sobre las detenciones de Gómez y Fletes, el primero conducido
a la Dirección de Auxilio Judicial según le confirmó la propia familia,
mientras el segundo su paradero aún es desconocido.
Marcos Fletes, quien se encontraba en
una casa de seguridad, fue atrapado cuando se dirigió a la Fundación Cantera. A
él se le acercaron unas personas y se lo llevaron secuestrado.
La Fiscalía publicó un comunicado en
el que resume su jornada de entrevistas a periodistas y extrabajadores de la
Fundación —más de 20 hasta el cierre de esta nota– en calidad de testigos. Además,
menciona que seguirán “llamando a todas aquellas personas que aparecen como
beneficiadas” de la FVBCh.
Contradictoriamente, las autoridades
dijeron en su comunicado que reconocen “el trabajo que realizan los hombres y
mujeres de prensa. Respetamos los derechos y la libertad de expresión de
conformidad con lo establecido en la Constitución”.
Esta posición oficial contrasta con
las denuncias de los mismos periodistas que han cuestionado la intención
política de las autoridades en el proceso de investigación y también con las
propias actuaciones de este organismo, acusado por organismos internacionales
de fabricar casos contra opositores.
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