El Informe anual 2020 sobre Nicaragua de Amnistía Internacional, evidencia que "la crisis de derechos humanos continúa, al igual que la política de represión de Ortega. Hay ataques a libertad de expresión, periodistas y oenegés a través de leyes; hay negacionismo y negligencia frente a la Covid-19; persiste la impunidad y las violaciones a los de derechos humanos”, explicó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

El organismo internacional señala que en el país continúa la detención y reclusión arbitraria de personas que realizan activismo político, y se han adoptaron nuevas leyes amenazadoras contra la oposición. “A lo largo del año siguieron recibiéndose noticias de restricciones ilegítimas al derecho de reunión pacífica. Continuó la detención y reclusión arbitraria de personas que hacían activismo político, y se adoptaron nuevas leyes amenazadoras contra la disidencia. Persistía la impunidad de las personas sospechosas de ser penalmente responsables de la violencia cometida contra los pueblos indígenas”, dice el informe. 

Amnistía Internacional pone en contexto que a la fecha hay más de 100 presos políticos por ejercer su derecho a la protesta. “Hubo noticias de detenciones arbitrarias, incluso durante la pandemia, de activistas políticos”, denunció el organismo de derechos humanos.

Además, algunos activistas políticos excarcelados denunciaron hostigamiento y vigilancia por parte de las autoridades y grupos pro gubernamentales. Hasta principios de diciembre, al menos 31 personas excarceladas tras haber estado en prisión por motivos políticos, habían sido detenidas de nuevo, según organizaciones locales. 

El organismo denuncia que hasta agosto del 2020, 31 profesionales de la salud fueron despedidos de su empleo después que expresaron su preocupación por sus condiciones laborales y la falta de equipos de protección individual (EPI), o haber manifestado su inquietud por la respuesta gubernamental a la pandemia. 

Recordando las recomendaciones formuladas por las organizaciones internacionales en el contexto de la pandemia de Covid-19, “las autoridades nicaragüenses promovieron encuentros masivos en los que no era posible mantener el distanciamiento físico”, sostiene Amnistía Internacional.