Garantizar que se implemente en América Latina y el Caribe el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y fortalecer las capacidades y la cooperación para vivir en un medio ambiente sano y un desarrollo sostenible, son parte de los objetivos de los acuerdos de Escazú que adoptaron los Estados partes.

Todas las disposiciones del acuerdo de Escazú, entraron en vigore el Día Internacional de la Tierra, el 22 de abril.

Esta normativa es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer decreto regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Hasta la fecha, 24 países de la región lo han firmado y 12 ya lo han ratificado entre ellos el Estado de Nicaragua, en el que se compromete a generar las condiciones para garantizar y cumplir dichos acuerdos.

Diversas organizaciones que luchan por el medio ambiente presentaron el pasado 22 de abril una propuesta de agenda ambiental para mantener en el debate nacional, en la mente los problemas ambientales y comprometer a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, a trabajar por un país ambientalmente sano.

Jaime Incer Barquero presidente de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, enunció los compromisos en materia de derechos ambientales como el tener “una visión nacional a largo plazo para la conservación del patrimonio natural de Nicaragua, lo cual es primordial y prioritario contando con una visión a largo plazo que integre la gestión de los bienes territoriales y marinos costeros de Nicaragua y sus recursos naturales biológicos, geológicos y geográficos considerando como meta principal racionalizar, balancear con sentido de consecuencia por tanto sostenible el uso de los recursos que tengan un potencial de aprovechamiento”.

Para Ibcer Barquero, es importante considerar que “como visión de país, debería lograse una sucesión de gobierno a gobierno y así evitar el cambio de rumbo en cada período de elecciones, en efecto borrón y cuenta nueva”.

Agrega que se debe establecer un verdadero modelo de desarrollo humano y territorial que recupere y fortalezca la oferta de bienes y servicios ecosistémicos, “contribuyendo a procesos económicos sostenibles y encadenamiento productivo con tecnologías limpias que combinan adecuadamente una economía exógena y endógena que contribuye a una generación y redistribución equitativa de la riqueza.

Amaru Ruiz de la Fundación del Río, afirma que la ciudadanía debe de procurar tener un acceso sostenible a la tierra. “se debe hacer un buen uso, buena práctica productiva y es una responsabilidad para salvaguardar los nutrientes del suelo y para poder tener mejores rendimientos en su producción”.

Un actor clave en la conservación y protección del medio ambiente es el Ejército de Nicaragua quien debería centrarse en la protección de las áreas protegidas y la atención de desastre explica Ruiz. “Queda mucho por hacer en ese sentido. El Ejército no necesariamente está en función de eso, todavía no ha sido una prioridad la protección de la conservación de las áreas protegidas, de la protección de la biodiversidad que se encuentra en el suelo, no ha sido una prioridad porque tienen otros intereses. Con el tema de las instituciones, no hay una articulación siempre hemos visto acciones de los ministerios de diferentes maneras, perspectivas, pero con muy limitado trabajo ambiental porque no hay un interés político de salvaguardar, de proteger, de detener los contaminantes, la contaminación de los suelos”.

Las regiones autónomas deben tener protección y garantías para revertir la discriminación histórica que han sufrido los pueblos indígenas afirma el doctor Incer Barquero. “El Estado debe devolver la capacidad a los pueblos indígenas para ejercer sus derechos, entre ellos el derecho a la libre determinación y el consentimiento libre, previo e informado y respetar a las estructuras de gobiernos legítimos para promover y defender su soberanía alimentaria y el desarrollo de su cosmovisión. El Estado debe realizar el proceso de saneamiento de los territorios titulados en coordinación con las autoridades indígenas y afrodescendientes para así reducir el nivel de conflictividad actualmente  

Desde antes de la crisis social y política de abril 2018 en Nicaragua se vulneraban los derechos humanos de comunidades indígenas, rurales y de defensores del medio ambiente, con la firma de este acuerdo el régimen de Daniel Ortega está obligado a aplicarlo, además de cumplir con la Constitución Política de la República de Nicaragua que señala que los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable y que es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales.

La pregunta es, ¿Cumplirá e implementará el Estado de Nicaragua los Acuerdos de Escazú?