Garantizar
que se implemente en América Latina y el Caribe el acceso a la información
ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones
ambientales, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la
creación y fortalecer las capacidades y la cooperación para vivir en un medio
ambiente sano y un desarrollo sostenible, son parte de los objetivos de los
acuerdos de Escazú que adoptaron los Estados partes.
Todas
las disposiciones del acuerdo de Escazú, entraron en vigore el Día
Internacional de la Tierra, el 22 de abril.
Esta
normativa es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer decreto
regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en
contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en
asuntos ambientales.
Hasta
la fecha, 24 países de la región lo han firmado y 12 ya lo han ratificado entre
ellos el Estado de Nicaragua, en el que se compromete a generar las condiciones
para garantizar y cumplir dichos acuerdos.
Diversas
organizaciones que luchan por el medio ambiente presentaron el pasado 22 de
abril una propuesta de agenda ambiental para mantener en el debate nacional, en
la mente los problemas ambientales y comprometer a todas las fuerzas políticas,
económicas y sociales, a trabajar por un país ambientalmente sano.
Jaime
Incer Barquero presidente de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua,
enunció los compromisos en materia de derechos ambientales como el tener “una
visión nacional a largo plazo para la conservación del patrimonio natural de
Nicaragua, lo cual es primordial y prioritario contando con una visión a largo
plazo que integre la gestión de los bienes territoriales y marinos costeros de
Nicaragua y sus recursos naturales biológicos, geológicos y geográficos
considerando como meta principal racionalizar, balancear con sentido de
consecuencia por tanto sostenible el uso de los recursos que tengan un
potencial de aprovechamiento”.
Para
Ibcer Barquero, es importante considerar que “como visión de país, debería
lograse una sucesión de gobierno a gobierno y así evitar el cambio de rumbo en
cada período de elecciones, en efecto borrón y cuenta nueva”.
Agrega
que se debe establecer un verdadero modelo de desarrollo humano y territorial
que recupere y fortalezca la oferta de bienes y servicios ecosistémicos,
“contribuyendo a procesos económicos sostenibles y encadenamiento productivo
con tecnologías limpias que combinan adecuadamente una economía exógena y
endógena que contribuye a una generación y redistribución equitativa de la
riqueza.
Amaru
Ruiz de la Fundación del Río, afirma que la ciudadanía debe de procurar tener
un acceso sostenible a la tierra. “se debe hacer un buen uso, buena práctica
productiva y es una responsabilidad para salvaguardar los nutrientes del suelo
y para poder tener mejores rendimientos en su producción”.
Un
actor clave en la conservación y protección del medio ambiente es el Ejército
de Nicaragua quien debería centrarse en la protección de las áreas protegidas y
la atención de desastre explica Ruiz. “Queda mucho por hacer en ese sentido. El
Ejército no necesariamente está en función de eso, todavía no ha sido una
prioridad la protección de la conservación de las áreas protegidas, de la
protección de la biodiversidad que se encuentra en el suelo, no ha sido una
prioridad porque tienen otros intereses. Con el tema de las instituciones, no
hay una articulación siempre hemos visto acciones de los ministerios de
diferentes maneras, perspectivas, pero con muy limitado trabajo ambiental
porque no hay un interés político de salvaguardar, de proteger, de detener los
contaminantes, la contaminación de los suelos”.
Las
regiones autónomas deben tener protección y garantías para revertir la
discriminación histórica que han sufrido los pueblos indígenas afirma el doctor
Incer Barquero. “El Estado debe devolver la capacidad a los pueblos indígenas
para ejercer sus derechos, entre ellos el derecho a la libre determinación y el
consentimiento libre, previo e informado y respetar a las estructuras de
gobiernos legítimos para promover y defender su soberanía alimentaria y el
desarrollo de su cosmovisión. El Estado debe realizar el proceso de saneamiento
de los territorios titulados en coordinación con las autoridades indígenas y
afrodescendientes para así reducir el nivel de conflictividad actualmente
Desde
antes de la crisis social y política de abril 2018 en Nicaragua se vulneraban
los derechos humanos de comunidades indígenas, rurales y de defensores del
medio ambiente, con la firma de este acuerdo el régimen de Daniel Ortega está
obligado a aplicarlo, además de cumplir con la Constitución Política de la
República de Nicaragua que señala que los nicaragüenses tienen derecho de
habitar en un ambiente saludable y que es obligación del Estado la
preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos
naturales.
La
pregunta es, ¿Cumplirá e implementará el Estado de Nicaragua los Acuerdos de
Escazú?
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