Cristhian Alvarenga

Luego de la persecución, asedio, demandas laborales y destitución por parte del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y concejales del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, que tuvo como resultado la destitución de las autoridades municipales electas democráticamente, el acoso continúa en el municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega.

El año pasado la Alcaldía Municipal, era liderada por el partido liberal, fue demandada por 36 extrabajadores supuestamente de tendencia sandinista, quienes habían sido despedidos, al igual que otra parte del personal, ante el recorte presupuestario estatal que había sufrido esta comuna.

Como resultado de la demanda, ante las instancias judiciales se exigía una suma de 16 millones y medio de córdobas, por lo que el Estado de Nicaragua ordenó un embargo ante tal deuda, seguido la destitución de la alcaldesa Reyna Hernández Mairena, a quien se le señaló por desobediencia a la autoridad en perjuicio de la administración de justicia, por lo que asumió funciones el vicealcalde, pero también fue destituido y la alcaldía quedó a cargo de concejales sandinistas.

En esa ocasión, la tarde del 27 de octubre del año 2020, intimidando a trabajadores, rompiendo candados y puertas de la Alcaldía de Wiwilí acompañados de la Policía Nacional y autoridades de INIFOM se tomaron la municipalidad, auto nombrándose en ese momento nueva alcaldesa y vicealcalde a concejales sandinistas.

Ahora las autoridades anteriores de dicha alcaldía recibieron repentinamente una notificación por parte del Juzgado de Distrito del Trabajo y Seguridad Social de Matagalpa, para que rindan cuentas si se realizó el pago de tal deuda. Sin embargo, esta reciente notificación es calificada como ilógica por los exfuncionarios, puesto que ellos ya no están a cargo de la institución y es a la misma que se le debe cobrar.


Alba Marina Cárdenas, quien era la secretaria del Consejo en la Alcaldía de Wiwilí, expresó Radio ABC stéreo, que al haber sido destituidos y embargada la comuna ellos quedan aislados del caso, por lo que la notificación debería enviarse a las nuevas autoridades.

"Nosotros ya estamos fuera de eso, nosotros ya no tenemos nada que ver ni qué hacer con la municipalidad, según ellos, aunque legalmente nosotros seguimos siendo las autoridades electas por voluntad popular del pueblo, deberían notificar ahora que ellos reconocieron a una nueva alcaldesa por encima de lo que la ley dice, a ella es quien tienen que notificar para que rinda informe", expuso Cárdenas.

"Me imagino que ellos ya pagaron porque tienen el apoyo total del gobierno mientras nosotros desde el inicio fuimos restringidos, nos fueron cortando las ayudas que por obligación tenían que darle a Wiwilí, cuando nosotros entramos recortaron el presupuesto, tanto para proyectos como gastos corrientes, al haber recortado el presupuesto la alcaldía tuvo que hacer recorte de personal, en esos trabajadores hay unos que renunciaron y a otros que la alcaldesa tuvo que suspender, de los 123 trabajadores 36 tuvieron la idea de demandar a la alcaldía", recordó la exfuncionaria.