Cristhian Alvarenga
Luego
de la persecución, asedio, demandas laborales y destitución por parte del
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y concejales del gobernante Frente
Sandinista de Liberación Nacional, que tuvo como resultado la destitución de
las autoridades municipales electas democráticamente, el acoso continúa en el
municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega.
El año
pasado la Alcaldía Municipal, era liderada por el partido liberal, fue
demandada por 36 extrabajadores supuestamente de tendencia sandinista, quienes
habían sido despedidos, al igual que otra parte del personal, ante el recorte
presupuestario estatal que había sufrido esta comuna.
Como
resultado de la demanda, ante las instancias judiciales se exigía una suma de
16 millones y medio de córdobas, por lo que el Estado de Nicaragua ordenó un
embargo ante tal deuda, seguido la destitución de la alcaldesa Reyna Hernández
Mairena, a quien se le señaló por desobediencia a la autoridad en perjuicio de
la administración de justicia, por lo que asumió funciones el vicealcalde, pero
también fue destituido y la alcaldía quedó a cargo de concejales sandinistas.
En esa
ocasión, la tarde del 27 de octubre del año 2020, intimidando a trabajadores,
rompiendo candados y puertas de la Alcaldía de Wiwilí acompañados de la Policía
Nacional y autoridades de INIFOM se tomaron la municipalidad, auto nombrándose
en ese momento nueva alcaldesa y vicealcalde a concejales sandinistas.
Ahora
las autoridades anteriores de dicha alcaldía recibieron repentinamente una
notificación por parte del Juzgado de Distrito del Trabajo y Seguridad Social
de Matagalpa, para que rindan cuentas si se realizó el pago de tal deuda. Sin
embargo, esta reciente notificación es calificada como ilógica por los
exfuncionarios, puesto que ellos ya no están a cargo de la institución y es a
la misma que se le debe cobrar.
Alba
Marina Cárdenas, quien era la secretaria del Consejo en la Alcaldía de Wiwilí,
expresó Radio ABC stéreo, que al haber sido destituidos y embargada la comuna
ellos quedan aislados del caso, por lo que la notificación debería enviarse a
las nuevas autoridades.
"Nosotros
ya estamos fuera de eso, nosotros ya no tenemos nada que ver ni qué hacer con
la municipalidad, según ellos, aunque legalmente nosotros seguimos siendo las
autoridades electas por voluntad popular del pueblo, deberían notificar ahora
que ellos reconocieron a una nueva alcaldesa por encima de lo que la ley dice,
a ella es quien tienen que notificar para que rinda informe", expuso
Cárdenas.
"Me
imagino que ellos ya pagaron porque tienen el apoyo total del gobierno mientras
nosotros desde el inicio fuimos restringidos, nos fueron cortando las ayudas
que por obligación tenían que darle a Wiwilí, cuando nosotros entramos
recortaron el presupuesto, tanto para proyectos como gastos corrientes, al
haber recortado el presupuesto la alcaldía tuvo que hacer recorte de personal,
en esos trabajadores hay unos que renunciaron y a otros que la alcaldesa tuvo
que suspender, de los 123 trabajadores 36 tuvieron la idea de demandar a la
alcaldía", recordó la exfuncionaria.
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