El informe Monitoreo Azul y Blanco, integrado por una red de personas especialistas en Derechos Humanos presentó la mañana de este 17 de marzo el informe: “2020: Violencia e Inseguridad en Nicaragua”, elaborado por la socióloga e investigadora, Elvira Cuadra.

El informe arroja que, en el transcurso del 2020, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantuvo la política de represión y el estado de excepción de facto que ha impuesto sobre la sociedad nicaragüense desde el 2018. 

Al mismo tiempo la investigadora analiza un incremento de la violencia política de cara a los comicios electorales previstos a realizarse el próximo 4 de noviembre. Cuadra asegura que el régimen de Daniel Ortega comenzó a cambiar las estrategias represivas.

“Todos los años electorales son años en que se incrementa la violencia política entonces es previsible que en el 2021 siendo un año electoral, pero además con las características que tiene este proceso electoral entre la población es bastante previsible que tengamos un incremento en los hechos de violencia política, expresó en conferencia de prensa virtual.

La especialista analizó el comportamiento de la violencia en el 2020 el cual revela que en los últimos meses Daniel Ortega comenzó a variar las estrategias de represión.

“Hasta ahora hay otros factores que están asociados y que probablemente van a tener influencias, nuevamente la política de represión instalada por el gobierno, hemos visto como en los últimos meses ha comenzado a cambiar sus estrategias y formas de represión, el tipo de despliegue policial, entrenamientos y vigilancia que hace tanto a nivel de localidades como a nivel nacional, represión a derechos humanos, medios de comunicación, entre otros”, manifestó.

“Los discursos de odio y criminalización que son emitidos diariamente desde el gobierno; la actuación de la policía que dedica sus recursos a las acciones de represión especialmente en contra de líderes de localidades y nacionales, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, y la ciudadanía en general; la existencia de los grupos paramilitares y la impunidad con la que actúan, muchas en conjunto con la policía; la disponibilidad de armas de fuego en manos de la policía y de los grupos paramilitares; y los indultos otorgados por el gobierno a miles de personas que se encontraban detenidas en centros penales cumpliendo condenas por delitos comunes”, son algunos “factores de riesgo” en el país señaló la investigadora.

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