Con 20 votos a favor, 18 abstenciones y ocho votos en contra, el Consejo de Derechos Humanos aprobó nueva resolución sobre la promoción y protección de los Derechos Humanos en Nicaragua. La resolución subraya la falta de reformas electorales para que se garantice un proceso electoral transparente.
Según la Red Internacional de Derechos Humanos, "la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet seguirá de cerca la situación de derechos humanos durante el proceso electoral y presentará al Consejo de Derechos Humanos un informe con recomendaciones a finales de 2021".
La
resolución insta a Daniel Ortega a restablecer los espacios cívicos, ya que
persisten las prohibiciones de manifestaciones públicas y el
uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones
cívicas. Se "insta autorice los
actos pacíficos y públicos manifestaciones, derogar o modificar la legislación
que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y
asociación, a la privacidad y a participar en la dirección de los asuntos
públicos”, refiere la resolución.
#Nicaragua 🇳🇮 | La resolución refuerza y amplia el mandato de monitoreo de la @OACNUDH, que actualizará el @UN_HRC en las sesiones de Junio y Septiembre, y presentará un informe exhaustivo sobre la situación de #DDHH en el país en Marzo 2022 (#HRC49). 2/ pic.twitter.com/AOsnRx7Uwx
— Red Internacional de Derechos Humanos (@RIDH_INHR) March 23, 2021
En la sesión del Consejo de Derechos Humanos se abordó la urgencia de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, de conformidad con obligaciones y normas internacionales, como una salida para llegar a una solución pacífica y democrática observadores electorales nacionales e internacionales.
La Federación Internacional de Derechos Humanos y el Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos, a través de un comunicado, acogieron con
beneplácito la resolución, la cual reafirma su compromiso con por parte de la
comunidad internacional con las víctimas de la represión. "El texto
aprobado por el organismo internacional marca un punto de quiebre al condenar
enérgicamente la agudización de la represión en el país, instando al Estado de
Nicaragua a combatir la impunidad y buscar justicia para las víctimas de
violaciones de derechos humanos".
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