Con 20 votos a favor, 18 abstenciones y ocho votos en contra, el Consejo de Derechos Humanos aprobó nueva resolución sobre la promoción y protección de los Derechos Humanos en Nicaragua. La resolución subraya la falta de reformas electorales para que se garantice un proceso electoral transparente.




Según la Red Internacional de Derechos Humanos, "la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet seguirá de cerca la situación de derechos humanos durante el proceso electoral y presentará al Consejo de Derechos Humanos un informe con recomendaciones a finales de 2021".

La resolución insta a Daniel Ortega a restablecer los espacios cívicos, ya que persisten las prohibiciones de manifestaciones públicas y el uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones cívicas. Se "insta autorice los actos pacíficos y públicos manifestaciones, derogar o modificar la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y asociación, a la privacidad y a participar en la dirección de los asuntos públicos”, refiere la resolución.


Por su parte, el Estado de Nicaragua representado por Paul Oquist, rechazó dicha resolución sobre la protección y promoción de derechos humanos en el país. Oquist con la misma narrativa de  negación, declaró que "es una agresión contra el pueblo de Nicaragua y una injerencia en sus asuntos internos".

En la sesión del Consejo de Derechos Humanos se abordó la urgencia de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, de conformidad con obligaciones y normas internacionales, como una salida para llegar a una solución pacífica y democrática observadores electorales nacionales e internacionales.

La Federación Internacional de Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a través de un comunicado, acogieron con beneplácito la resolución, la cual reafirma su compromiso con por parte de la comunidad internacional con las víctimas de la represión. "El texto aprobado por el organismo internacional marca un punto de quiebre al condenar enérgicamente la agudización de la represión en el país, instando al Estado de Nicaragua a combatir la impunidad y buscar justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos".