Cristhian Alvarenga 

Hambre, prostitución, muerte y desplazamiento forzoso en la Costa Caribe de Nicaragua es parte de la denuncia realizada por defensores y defensoras de derechos humanos durante una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulada “Impacto de la colonización de los territorios indígenas de la costa Caribe de Nicaragua”, dirigida por la presidenta del organismo, Antonia Urrejola, y que contó con la participación de una representante del Gobierno de Ortega.

Juan Carlos Ocampo, originario de una comunidad miskita dijo durante su intervención que “cuando hay desplazamiento, las mujeres tienen una mayor carga y desamparo, muchas se ven obligadas incluso a la prostitución para tener algo de ingreso para llevar comida”.

Por su parte, la defensora Lottie Cunningham del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEDHJUCAN), recordó que la “colonización” ha dejado al menos 49 indígenas muertos en los últimos diez años, 46 secuestrados, cuatro desaparecidos, y 1.000 miskitos desplazados de 12 comunidades con medidas cautelares de la CIDH y orden de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Queremos alertar a la CIDH y a la Corte IDH que Nicaragua no ha realizado acciones concretas para detener el desplazamiento forzoso, de que pueblos indígenas continúan perdiendo su territorio, y no pueden realizar sus actividades tradicionales, como la pesca, la caza o sembrar sus alimentos”, sostuvo Cunningham.

Régimen reaparece

Tras largos cinco años de ausencia, el Estado de Nicaragua estuvo presente en representación de la procuradora Wendy Morales Urbina afirmó que su Gobierno "sí ha realizado acciones para evitar el desplazamiento de los indígenas, como el establecimiento de ocho juicios con 14 personas condenadas, la entrega de títulos de propiedad y delimitación de territorios, asignación presupuestaria, establecimiento de gobiernos territoriales y el establecimiento de la “participación ciudadana” en sustitución de las ONG".

Ocampo manifestó que Managua ha desplazado a los gobernantes indígenas para establecer autoridades ilegítimas. “Muchos de los elegidos en nuestras comunidades son miembros del partido de Gobierno, y eso ha generado conflicto”, afirmó. Morales, quien no quiso profundizar en el tema, negó la denuncia del indígena.