Cristhian Alvarenga
Hambre,
prostitución, muerte y desplazamiento forzoso en la Costa Caribe de Nicaragua es parte de la denuncia realizada por defensores y defensoras de derechos humanos durante una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulada “Impacto de la colonización de
los territorios indígenas de la costa Caribe de Nicaragua”, dirigida por la presidenta
del organismo, Antonia Urrejola, y que contó con la participación de una
representante del Gobierno de Ortega.
Juan
Carlos Ocampo, originario de una comunidad miskita dijo durante su intervención
que “cuando hay desplazamiento, las mujeres tienen una mayor carga y desamparo,
muchas se ven obligadas incluso a la prostitución para tener algo de ingreso
para llevar comida”.
Por su
parte, la defensora Lottie Cunningham del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEDHJUCAN), recordó que la “colonización” ha dejado al menos 49
indígenas muertos en los últimos diez años, 46 secuestrados, cuatro
desaparecidos, y 1.000 miskitos desplazados de 12 comunidades con medidas
cautelares de la CIDH y orden de protección de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
“Queremos
alertar a la CIDH y a la Corte IDH que Nicaragua no ha realizado acciones
concretas para detener el desplazamiento forzoso, de que pueblos indígenas
continúan perdiendo su territorio, y no pueden realizar sus actividades
tradicionales, como la pesca, la caza o sembrar sus alimentos”, sostuvo
Cunningham.
Régimen
reaparece
Tras largos cinco años de ausencia, el Estado de Nicaragua estuvo presente en representación de la procuradora Wendy Morales Urbina afirmó que su Gobierno "sí ha realizado acciones para evitar el desplazamiento de los indígenas, como el establecimiento de ocho juicios con 14 personas condenadas, la entrega de títulos de propiedad y delimitación de territorios, asignación presupuestaria, establecimiento de gobiernos territoriales y el establecimiento de la “participación ciudadana” en sustitución de las ONG".
Ocampo manifestó que Managua ha desplazado a los gobernantes indígenas para establecer autoridades ilegítimas. “Muchos de los elegidos en nuestras comunidades son miembros del partido de Gobierno, y eso ha generado conflicto”, afirmó. Morales, quien no quiso profundizar en el tema, negó la denuncia del indígena.
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