Mirna Velásquez Sevilla| @mivese

El efecto dominó del desmedido aumento en el precio de los combustibles en Nicaragua y, por ende, en el resto de productos de consumo básicos, repercute severamente en las comunidades rurales, en la población desempleada y los sectores más vulnerables, como las trabajadoras domésticas y por cuenta propia. Así lo refleja un análisis realizado por Agenda Propia junto a Rubén Ernesto Arriola, Director de la Defensoría del Consumidor y el economista Adelmo Sandino.

A raíz de la crisis sociopolítica que estalló en el país en 2018, se produjo una crisis económica que disparó las cifras de desempleo. A esto se le sumó la crisis sanitaria mundial que ha producido el cierre de pequeños negocios, por lo que el insistente aumento en el precio de los combustibles, considerado como un “abuso de mercado” impacta directamente en las familias que viven en las zonas más alejadas del país.

“Claramente eso está afectando toda la cadena de costo de la economía, transfiriéndose en los costos de transporte y en los precios de los bienes y servicios, que impactan a los municipios más alejados de la capital, cuyo costo de los combustibles puede superar el córdoba en relación a Managua”, advirtió Sandino.

Andrea Morales Pérez, Presidenta de la Federación de Trabajadoras Domesticas y Oficios Varios de Managua (Fetradomov) expuso el drama de las trabajadoras domésticas - la mayoría de ellas jefas de hogares -, un colectivo que sólo registra un 3% de afiliaciones a la Seguridad Social. Es decir, sólo este porcentaje recibe el salario mínimo. Este gremio al margen de la Ley y cualquier beneficio social, debe complementar sus pírricos ingresos con otras labores, realizando trabajos como como vendedoras por cuenta propia, vendedoras por catálogos y poder garantizar el alimento en sus hogares.




“La situación de estas mujeres se precariza más cada vez que hay un alza, afecta en la movilidad de productos de consumo. Nos gustaría que hubiera una corresponsabilidad tanto en quien vende los productos de primera necesidad, como quien consume, para equilibrar la balanza, sin embargo, siempre se da que quien consume asume todos los costos”, expuso Morales Pérez.

Arriola, por su parte, lamentó que el Gobierno no haya sido capaz de mantener sus promesas como la de contar con una refinería de gran capacidad de almacenaje de petróleo y el dragado de aguas profundas en el Puerto El Bluff. “Esto hubiese servido para abaratar los costos derivados del petróleo en Nicaragua”, indicó.

El INE ha abandonado a la ciudadanía

El economista Sandino recordó que en el mercado nicaragüense de los combustibles hay pocos competidores y cuestionó en que el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) no esté realizando su trabajo.

“Creo que estamos atravesando este episodio complejo en el que los altos precios, que se han venido experimentando en el mercado internacional del petróleo y que se transfieren claramente al mercado nicaragüense, pero con un sobre precio, producto de la ampliación de los márgenes que están teniendo las petroleras en el país. (Esto) es debido, en parte a que no hay una regulación efectiva, debería haber una explicación por qué está sucediendo esto (…)”, reclamó Sandino.

“A todas luces pareciera que hay un abuso de mercado. Y obviamente hay un abandono, un desamparo de parte del ente regulador que no está haciendo su trabajo como debe ser”, agregó.

Una “pandemia económica”

Arriola acotó el término “pandemia económica” a la preocupante situación económica que tiene a la economía del país en mínimos, tras la repercusión de la crisis sociopolítica de 2018 y la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus en 2020. 

Recordó que el precio de la canasta básica nicaragüense ya supera los 15 mil córdobas, sufriendo un aumento de 400 córdobas y con un margen de alza del 9 al 10%. Otro incremento significativo está en el precio del cilindro de gas que, con el alza reciente, aumentó a 410 córdobas en algunos casos; un precio que crece en las regiones de larga distancia, como el norte del país y la Costa Atlántica.

A esta “pandemia económica” hay que añadirle el estancamiento de los salarios, de acuerdo con Arriola, quien mantiene que la decisión de aumentar el precio de los combustibles, es una medida gubernamental para  la recolección de dinero porque ya no cuenta con la ayuda de Venezuela.

Ambos analistas coincidieron en mirar hacia el país vecino El Salvador, que  cuenta con la misma infraestructura logística y calidad de importación de los combustibles en relación a Nicaragua y que mantiene en promedio un coste de venta de los combustibles cerca de 0,50 centavos por galón de combustible.

Finalmente, Arriola consideró que en una crisis político-social y sanitaria como la que atraviesa la población nicaragüense más la alteración de los precios de los productos básicos, la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas) debería disponer de sus medios para llevar hasta los barrios los granos básicos a precios accesibles.