Tamara Morales| @Tamaraiyas

En el 46º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, tras la presentación de la Alta Alta Comisionada de la Oficina para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, del Informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua comprendido entre agosto de 2019 y diciembre de 2020; la representante de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, desacreditó al Consejo de Derechos Humanos y rechazó el informe AHRC-4621 por considerarlo "unilateral, parcializado, carente de objetividad por la politización de los derechos humanos y la instrumentalización injerencista". 

A través de un vídeo, Bachellet explicó que la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua desatada desde abril 2018 "ha sido exacerbada por la pandemia del Covid-19, los huracanes Iota y Iota, y detalló que el Estado de derecho en el país continúa deteriorándose. También expuso que de cara a los comicios electorales, se han adoptado una serie de leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, de expresión, la participación política y las garantías al debido proceso constituyen un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático.

La mayoría de los países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas mostraron preocupación por el deterioro de la situación de derechos humanos, civiles, políticos y económicos de las y los nicaragüenses, y condenaron la reducción del espacio cívico en en el país, que a través de leyes coartan la libertad de asociación, expresión y manifestación pacífica que dejan poco margen para la participación real política.

También hicieron un llamado a cooperar con la Oacnudh e instaron al gobierno de Nicaragua cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y se investiguen los crímenes cometidos para identificar a los autores. Asimismo, expresaron que se restablezca un diálogo para resolver la crisis política en el país para lo que se deben realizar reformas electorales y se creen condiciones habilitantes como la liberación de las y los presos políticos.

Países como Venezuela, Cuba, Eritrea, Rusia, Sri Lanka cerraron fila con el gobierno de Nicaragua, señalando que el organismo de Naciones Unidas no debe politizarse porque se vulnera la "imparcialidad" y "neutralidad". El representante de Venezuela, Héctor Constant Rosales, alabó al régimen de Ortega al decir que ha mostrado con hechos fehacientes su talante democrático y firme determinación para proteger y defender los derechos humanos de Nicaragua."El país ha  derrotado la violencia de sectores anti democráticos y terroristas financiados desde el exterior, logrando que la paz se mantenga y se continúe hacia la justicia social".

Jairo Rodríguez, representante de Cuba dijo que como la resolución no cuenta con la opinión del gobierno de Nicaragua, la rechazan por ser injerencista e intervencionista". En la misma línea, el representante de Eritrea, Adem Osman Idris, manifestó que "las iniciativas sin el consentimiento del país afectado, son inapropiadas".

Por su parte, Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos apuntó e insistió que la oficina siempre ha estado abierta al diálogo y a la cooperación con Nicaragua. Para ello, el Consejo de Derechos Humanos debe instar a Nicaragua a respetar sus obligaciones internacionales y otorgar acceso a la Oacnudh y a los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Detalló que desde junio de 2020, el gobierno "ya no contesta a las comunicaciones y no hay acceso tras diferentes opciones para prolongar la asistencia técnica. Si no se reanuda diálogo será difícil colaborar".

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales como CEJIL, CENIDH, Raza e Igualdad, CPDH, Amnistía Internacional, Nicaragua Nunca Más, Servicio Internacional para los Derechos Humanos, la Federación Internacional de Derechos Humanos, expusieron que el Gobierno de Nicaragua hace caso omiso a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no toma en cuenta las medidas cautelares otorgadas a defensores de derechos humanos.

Marcos Carmona Director Ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo que "el Estado de Nicaragua contrario a crear condiciones para restablecer los derechos humanos ha aprobado leyes que violentan y criminalizan el ejercicio de los derechos humanos. A su vez, detalló que "no existen condiciones para realizar elecciones libres y transparentes".

Vilma Núñez del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, denunció que las instalaciones de las nueve organizaciones que fueron despojadas de su personería jurídica, han sido usurpadas por el Ministerio de Salud, y requirió al Consejo de Derechos Humanos continúe demandando el cumplimiento de las recomendaciones de la Oacnudh y se apruebe una nueva resolución que mantenga el mandato de la Alta Comisionada y alentar a Nicaragua a cumplir las recomendaciones anteriores y reanude su cooperación.

Las organizaciones celebraron que en el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, incluya las violaciones contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua.