Foto: Reuters
Nicaragua ha sido añadida por el organismo Civicus Monitor
a su lista de vigilancia después de ser catalogada como un Estado represivo. La
decisión se da luego de ser evaluadas las restricciones a las libertades
cívicas.
Civicus Monitor es una red mundial de
organismos de sociedad civil, sindicatos, redes religiosas; asociaciones
profesionales; fundaciones filantrópicas y otros; que trabajan para fortalecer
la acción ciudadana y la sociedad civil, en áreas donde la democracia
participativa y la libertad de asociación de los ciudadanos están amenazadas.
La organización a través de un
resumen, menciona que en el país la represión continua suprimiendo las
movilizaciones masivas. Asimismo, indica que defensores y defensoras de
derechos humanos, periodistas y opositores políticos son criminalizados y víctimas de acoso por agentes de seguridad y grupos civiles a favor del
gobierno. Además, las autoridades nicaragüenses buscan silenciar a la prensa
independiente, a través de la detención de periodistas, asfixia económica e
incluso negándose a liberar de las aduanas las importaciones de tinta y papel
de los principales periódicos.
El organismo señala que desde finales
del 2020, el régimen de Ortega y Murillo, ha doblegado a la sociedad civil,
promulgando leyes diseñadas para reducir el espacio para las libertades de
asociación, reunión y expresión. También menciona que a casi tres años de
la crisis de abril 2018, la persecución y violación de derechos humanos han forzado a más de
100.000 personas a huir de Nicaragua.
Periodistas, exprisioneros políticos,
y defensores de derechos humanos enfrentan persecución, allanamientos,
detenciones arbitrarias y amenazas en su contra y de sus familiares. Por
otro lado, en la Costa Caribe de Nicaragua, los ataques a las comunidades indígenas se han recrudecido, dejando al menos a 10 indígenas muertos durante 2020.
En el documento señala que los medios de comunicación independiente enfrentan resoluciones judiciales como las de Canal 12 Nicavisión y Canal 10. "El Estado de Nicaragua sostiene una
campaña de desinformación contra periodistas y existe obstrucción del trabajo
de la prensa independiente, tratando de minimizar el impacto de la
COVID-19 en el país", se detalla en el resumen.
La organización recomienda al
gobierno de Nicaragua "liberar y retirar los cargos en contra de
defensores de derechos humanos, oposición política y periodistas, y tomar
las medidas necesarias para su protección". A la comunidad internacional,
"apoyar iniciativas multilaterales, incluyendo en el Consejo de Derechos
Humanos, que aseguren el escrutinio internacional de Nicaragua - antes de
las elecciones -, así como mayor responsabilidad y justicia por crímenes
bajo la legislación internacional.
Otra de las recomendaciones es instar
a Nicaragua a implementar las recomendaciones de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), las
medidas cautelares y recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) y permitirle acceso al
país. Expresar apoyo a los defensores de los derechos humanos y brindar apoyo
material y diplomático a la sociedad civil, periodistas y activistas en
riesgo.
Civicus Monitor utiliza
una herramienta de investigación, que proporciona datos cuantitativos
y cualitativos sobre el estado de la sociedad civil y las libertades
cívicas en 196 países. Los datos se generan gracias a la colaboración
de más de 20 socios de investigación de la sociedad civil, y la aportación
de una serie de evaluaciones independientes de los derechos
humanos. Los datos proporcionan la base para las calificaciones del
espacio cívico, que se basan en información actualizada e indicadores
sobre el estado de la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión. Los
países pueden calificarse como: cerrado, represivo, obstruido, estrecho y
abierto.
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